27/02/2024 EL MERCANTIL
Las asociaciones del transporte por carretera de Catalunya ven falta de diálogo en la Generalitat de Catalunya dentro de su proceso para aprobar el Plan de Calidad del Aire, decreto que acelerará las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la comunidad. El reglamento podría aprobarse próximamente tras pasar dos fases de exposición pública. Entre sus medidas más controvertidas, destacan la supresión de los vehículos de etiqueta B a diésel en las ZBE de los municipios de más de 50.000 habitantes en 2026 y la restricción definitiva a las etiquetas B en 2028. El transporte de mercancías viene de protagonizar varios episodios de negociación en la ZBE de Barcelona durante los últimos años, y mantenía un cierto acuerdo informal con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el consistorio de la ciudad para “no empezar a hablar de etiquetas B hasta 2025”, pero ha recibido el anuncio de la Generalitat sin que medie ninguna interlocución con ellos.
“La Generalitat solía ponerse de nuestro lado en la ZBE de Barcelona”
Evaristo Magaña Presidente de Astac Condal
El presidente de la asociación barcelonesa Astac Condal, Evaristo Magaña, se ha mostrado sorprendido por las intenciones del Gobierno catalán, asegurando que “a nosotros no nos han dicho nada”. De hecho, Magaña recuerda que en los debates por la ZBE de Barcelona -que incluyeron la anulación de la primera ordenanza por parte de los tribunales-, “la Generalitat siempre se ponía de parte del transporte en cuanto a conseguir prórrogas, y nos daba la razón en los tiempos que había que seguir” a la hora de implantarla.
En términos parecidos se ha expresado el secretario general de la asociación AGTC, Carlos Folchi, que califica de “preocupante” la falta de avisos. “Esto pone de manifiesto una ausencia de diálogo en un tema tan importante para el sector de transporte de mercancías por carretera”, señala Folchi, y añade: “Nosotros ahora mismo no tenemos ninguna buena alternativa disponible que no sea o pase por el diésel”. Todas las asociaciones coinciden en estar a favor de “la transición energética”, pero discuten los tiempos aplicados y las prioridades de la Administración.
“Ahora mismo no hay una buena alternativa que no pase por el diésel”
Carlos Folchi Secretario General de AGTC
Tampoco con Transcalit, otra de las asociaciones que formaron parte de los debates en la ZBE barcelonesa, ha habido comunicación en relación a este plan. “Que la Generalitat haga una normativa que homogeneice los criterios de las ZBE lo vemos bien, faltaría más, pero con alguien tendrán que hablarlo, y quién mejor que nuestro sector”, ha aseverado su secretaria general, Yolanda Redondo. Sin embargo, “nadie nos ha avisado de que iban a hacerlo, lo hemos visto en la prensa”, ha coincidido con sus homólogos de Astac y AGTC.
De nuevo, la falta de alternativas y el corto periodo de tiempo que impone el plan, que obligaría a renovar el parque móvil del transporte en muy poco tiempo, es el principal motivo de rechazo por parte de las empresas y autónomos del transporte. “Las etiquetas B es donde hay muchísima matriculación de vehículos, y varias tecnologías Euro incluidas. Teníamos un compromiso con la AMB y el ayuntamiento de que esto se tendría en cuenta cuando avanzara la ZBE”, explica Redondo. La primera fecha del texto del Ejecutivo (2026) sólo se centra en los diésel Euro 4, pero 2028 abarca todas las categorías de etiqueta amarilla. “No son ‘timings’ realistas”, insiste Yolanda Redondo. “Una tractora eléctrica triplica el precio de un diésel ahora mismo”, subraya.
ALEGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS
De hecho, y como ya avanzaron diversos medios de comunicación, la medida que impulsa la Generalitat ha recibido una ristra de alegaciones en su último periodo de exposición, especialmente por parte de municipios del Área Metropolitana de Barcelona. También la propia entidad que la gestiona, la AMB, que es coimpulsora de la ZBE de Barcelona, ha presentado las suyas. La entidad tiene muy presente el recorrido judicial que tuvo la primera ZBE de la capital catalana, tumbada definitivamente por el Tribunal Supremo a finales del año pasado y por la cual se tendrá que devolver el importe de las multas impuestas bajo sus parámetros.
También el actual consistorio barcelonés, con un equipo municipal distinto del que impulsó las ZBE, parece apostar por un enfoque que priorice el acuerdo con todas las partes antes de poner en marcha nuevas restricciones. Ello se desprende de unas recientes declaraciones del alcalde Jaume Collboni para esta publicación, en las que emplazaba a todas las partes implicadas “a ir paso a paso” sin acelerar los ritmos. “Los periodos hay que acordarlos con todos los municipios del área metropolitana, no todo el mundo está al mismo nivel”, señaló por un lado, a la par que recalcaba que “no se puede tirar esto adelante sin tener en cuenta las inversiones del sector privado” en la ciudad.
“No podemos ir adelante sin tener en cuenta al sector privado”
Jaume Collboni Alcalde de Barcelona
El alcalde de Barcelona también se mostró de acuerdo con la principal demanda del sector transportista, la de la renovación de flota, reconociendo que “es clave dar antes la infraestructura eléctrica para hacer posible la conversión de los vehículos”. Collboni se refería así a los puntos de recarga, que las asociaciones de transportistas consideran muy insuficientes en la actualidad. “Mientras no exista una red de recarga el vehículo eléctrico, no podrá tener una captación masiva”, argumenta en este punto Yolanda Redondo. “No pasaremos de esta situación en la que de vez en cuando una empresa aparece en los medios con su apuesta por la sostenibilidad, cuando sólo tiene dos camiones eléctricos”, zanja. Todavía más tajante es Evaristo Magaña (Astac) sobre ello: “No hay nada. Seguimos peleando porque no hay nada para cargar vehículos industriales y tampoco hay parkings en las afueras de Barcelona para aquellos que ya no pueden entrar en la ZBE”.
“Las ayudas públicas para renovar las flotas no son suficiente”
Yolanda Redondo Secretaria general de Transcalit
Jaume Collboni también se refirió a las posibilidades de renovar una flota que es más cara con la propulsión eléctrica. “Si quieren avanzar los tiempos, lo que deberían hacer las administraciones competentes es subvencionar la compra de camiones eléctricos a los transportistas”, argumentó. Existe, de hecho, una línea de ayuda para renovar la flota con fondos europeos, impulsada por el ministerio de Transportes y gestionada por la Generalitat -y por los demás gobiernos autonómicos-.
Sin embargo, los transportistas señalan que no acaba de funcionar: “No es suficiente y no llega”, sostiene Yolanda Redondo (Transcalit). Sólo las ayudas para el achatarramiento de vehículos viejos habrían salido adelante y se han agotado, según lo explica la secretaria general de Transcalit, pero las de adquisición de nuevos vehículos eléctricos o de hidrógeno “no funcionan, porque aunque te dan dinero, sigue siendo más caro comprar el de energía renovable que el diésel”. Coincide Evaristo Magaña, que además señala que “se tarda demasiado en pagar la subvención”.
