El sector de transporte de mercancías es un sector muy regulado, y lo es por tres motivos fundamentales: en primer lugar, por su gran peso económico, en segundo lugar, por su importancia estratégica para el normal funcionamiento de las industrias y servicios que de él dependen y, por último, por sus características especiales relativas a cuestiones que, por definición, son objeto de intensa legislación como la prevención de accidentes, la contaminación medio ambiental o la regulación de las horas de trabajo.
Las normas más generales que afectan al sector son los artículos 275 y 349 a 379 del Código de Comercio, que definen y enmarcan el contrato de transporte mercantil y los artículos 1601 a 1603 del Código Civil, que hace lo propio con el contrato de transporte civil.
Sin embargo, las dos normas específicas que tratan su problemática en detalle son: la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 4 de julio de 2013 (LOTT), y el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 28 de septiembre de 1990 (ROTT). Ambas regulan no sólo el transporte de mercancías por carretera, sino también el realizado por ferrocarril.
No obstante, no sólo se aplica la legislación anterior sino que existen, además, un elevado número de normativas adicionales de diverso rango. Esta abundancia reguladora obedece a varias razones:
- La propia naturaleza variopinta del fenómeno del transporte (de mercancías, de mercancías peligrosas, de mudanzas, internacional o no, …);
- La diversidad de formas de prestación del mismo (transportistas autónomos, agencias de transporte, almacenistas-distribuidores, operadores logísticos, arrendamiento de vehículos con y sin conductor, …)
- La concurrencia con normas de otros ámbitos que también afectan al sector (tráfico, autónomos, seguridad vial, seguros)
- La normativa de acceso al sector.
- Normas que se derivan de las especificaciones técnicas aplicables (en relación a los vehículos, a sus pesos y dimensiones, a los transportes especiales, a las autorizaciones de transporte), así como, en consonancia con lo anterior, el régimen sancionador vigente en el sector.