06/10/2017 TODOTRANSPORTE
Un total de 14 organizaciones de transportistas de otros tantos países europeos han firmado una declaración conjunta, impulsada desde Dinamarca y España, contra la aplicación de la Directiva de los Trabajadores Desplazados (96/71/EC) a los conductores de transporte internacional. A través de este documento se solicita que el transporte internacional por carretera sea excluido de la DDT por “incompatibilidad con la actividad real que desarrollan”.
Desde España, la Asociación Transporte Internacional de Carretera (Astic) ha trabajado junto a la Association for de Danish road transport of goods (ITD) de Dinamarca para elaborar el citado documento, que ha sido respaldado por asociaciones sectoriales de otros 12 países (Portugal, República Checa, Irlanda, Holanda, Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Estonia y Hungría).
En la declaración se explica que los conductores de transporte internacional no son trabajadores desplazados cuando realizan su labor a lo largo de las carreteras europeas y que la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores, por tanto, no debe aplicárseles puesto que está pensada para sectores de otra tipología cuyos empleados no tienen la alta movilidad que caracteriza a los conductores de transporte internacional. Las empresas de los países firmantes representan más del 50% de las t/km de transporte internacional por carretera en la UE con Polonia y España en primer y segundo lugar, como líderes del sector, explican desde Astic.
Tal y como defienden los firmantes del documento, los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y hasta cuatro fronteras de estados miembro de la UE, “por lo tanto carece de lógica aplicar una normativa como la DDT que está diseñada para trabajadores que realizan actividades laborales durante periodos de meses o años en un Estado distinto al de origen del trabajador o del país en el que está contratado”.
Además, las 14 asociaciones coinciden también en señalar casos reales en los que, a través de leyes, como la Macron en Francia o la MiLog en Alemania, la directiva ha producido una enorme carga burocrática y un verdadero caos normativo que coloca a las empresas y a los trabajadores extranjeros en una flagrante indefensión jurídica. De continuar este estado de cosas, las empresas de transporte internacional por carretera deberán lidiar en Europa con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario mínimo, “lo que tendrá una repercusión especialmente negativa en las medianas y pequeñas empresas de transporte, con menos recursos y flexibilidad para atender a tan compleja situación normativa”, denuncian.
La declaración conjunta alerta que se está fomentando el que las empresas acaben por afrontar la reducción de sus operaciones transfronterizas, o bien recurran a la subcontratación de “autónomos” en detrimento del trabajo de sus propios conductores asalariados. “Este tipo de actuaciones restringen de facto la libre circulación de personas y mercancías por los territorios de la Unión. Sin duda se pueden tildar de medidas proteccionistas que van en contra del espíritu de la UE. Cualquier traba que se le ponga al transporte internacional por carretera va contra los intereses de nuestras empresas afiliadas y, por tanto, contra los intereses de la economía española en su conjunto para la cual la actividad exportadora se ha convertido en un verdadero motor de crecimiento”, denuncia Ramón Valdivia, director general de Astic.