30/06/2017 DIARIO DEL PUERTO
El 29 de marzo, con el primer real decreto ya rechazado y el mediador Marcos Peña en pleno proceso para intentar sacar adelante su mediación, los sindicatos y la patronal ANESCO llegaron a un principio de acuerdo en respuesta a la petición del propio Gobierno.
Era una tea en mitad del caos que buscaba prender la llama del definitivo consenso. No obstante, el Gobierno, a través del secretario de Estado de Infraestructuras, rechazó de plano el acuerdo, cercenando toda posibilidad de que este texto se articulara de forma conjunta con el que tenía que ser el nuevo real decreto.
Distintas voces empresariales han lamentado en los últimos días aquella “oportunidad” y criticado la celeridad con la que el Gobierno dio un portazo a este acuerdo, considerando que si como mínimo Fomento se hubiera dado un plazo de tiempo razonable para meditar, podría haberse pulido sin problemas todo aquello que desde el banco de la Administración se entendía en el texto como inaceptable, habiendo podido avanzar patronal y sindicatos en la negociación del ámbito laboral con el respaldo del Gobierno.
Hay que recordar, en todo caso, que el texto contenía dos cuestiones tan trascendentales y tan inaceptables para Fomento que por eso sus responsables optaron por un rechazo total sin más consideraciones.
El primero de los aspectos era la exigencia de garantía del empleo mediante una disposición normativa con rango de ley; y el segundo que el Estado asumiera los costes derivados de la subrogación de todo el personal, compensando la diferencia entre lo que sería el salario del personal de nueva contratación y el salario de todo el personal subrogado. Fomento llegó a cifrar estos costes en 2.415 millones de euros.
La aprobación definitiva el pasado 15 de mayo del nuevo real decreto de reforma de la estiba no deja espacio ya para estas dos peticiones.
No obstante, patronal y sindicatos decidieron ayer sustentar su acuerdo por la estabilidad y para la negociación del V Acuerdo Marco en este Acuerdo del 29 de marzo, principalmente en lo que respecta a tres aspectos fundamentales que son:
- Que las empresas asuman íntegramente la responsabilidad de designar el personal necesario para cada actividad portuaria, poniendo fin a la cultura histórica del “pacto de las manos y el destino”.
- La negociación puerto por puerto de las medidas de flexibilidad para mejorar la productividad.
- La reducción del 10% de las retribuciones de los trabajadores.
- No hay que olvidar, además, que en dicho acuerdo se proponían jubilaciones forzosas y bajas voluntarias para alcanzar el “nivel óptimo de empleo”.