06/06/2017 EL VIGÍA
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a la Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao (ATAP), al considerar que es inocente de las acusaciones realizadas por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC).
La AVC sentenció en enero del año pasado a ATAP a pagar una multa de 800.000 euros por considerar que el preaviso de huelga lanzado por la asociación sindical en junio de 2014 constituía una recomendación colectiva contraria a la competencia, aunque cuatro días después ATAP había anulado dicha convocatoria.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado que “la recomendación o decisión colectiva sancionada por la Autoridad Vasca de la Competencia no ha sido tomada por una empresa u operador en el sector del transporte portuario […], sino por una asociación, legalmente constituida, que tienen por finalidad […] la defensa y promoción de los intereses profesionales, tanto individuales como colectivos del sector de trabajadores del transporte que presenta su actividad esencialmente en el ámbito geográfico del puerto de Bilbao”. Asimismo, ha reconocido la “desproporcionalidad, más que aparente, de la multa impuesta a ATAP”, sanción que ponía en peligro su supervivencia.
Desde ATAP recuerdan que el conflicto se remonta al 24 de junio de 2014 cuando la Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao anunció públicamente su intención de no llevar a cabo el transporte horizontal de los buques gestionados por la naviera Maersk Lines en respuesta a las abusivas condiciones económicas impuestas por la naviera a los transportistas.
La decisión de suspender el servicio, adoptada por unanimidad y con el concurso de todos los afiliados, se iniciaría el 4 de julio de 2014, pero cuatro días después, el 8 de julio de 2014 ATAP dejó públicamente sin efecto dicha comunicación cediendo así a la recomendación recibida por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) de retirar el preaviso y como muestra de su apuesta por el diálogo.
No obstante, en enero de 2016, la AVC emitió una resolución que dictaba una multa de 800.000 euros para la asociación sindical, aunque finalmente los tribunales han reconocido su inocencia.