Diario del Puerto ha tenido acceso al comunicado conjunto con el que un total de 23 organizaciones empresariales, que representan a todos los eslabones de la cadena logística, han concurrido al proceso de información pública sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Emisiones Portuarias de Grandes Buques, unas iniciativa que estas 23 organizaciones rechazan de plano desde la óptica global, local, económica y fiscal.

Desde el punto de vista internacional, los firmantes recuerdan que “el transporte marítimo tiene un eminente carácter global. Precisamente por su carácter internacional, Naciones Unidas ha encomendado a una agencia específica, la Organización Marítima Internacional (OMI), la labor de elaborar convenios internacionales que sirven de base para conseguir una legislación marítima lo más uniforme posible, evitando que cada país o cada puerto tenga sus propias normas diferentes, lo que haría inviable el transporte marítimo internacional”.

Las asociaciones firmantes apoyan “plenamente la regulación en el marco internacional de la OMI” y rechazan una medida unilateral como la impulsada por la Generalitat.

Con igual perspectiva, se recuerda que el “Anexo VI del Convenio MARPOL ya regula y establece límites a las emisiones contaminantes del transporte marítimo, en particular, a las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas a las que se refiere el Anteproyecto”.

Por lo que respecta al punto de vista económico, los firmantes recuerdan que “el transporte marítimo es además el modo de transporte más eficiente en el uso de la energía y el que menos emisiones genera por tonelada -kilómetro transportado. Cualquier norma que penalice la competitividad del modo marítimo puede dar lugar a un trasvase de mercancías a otros puertos cercanos”. Esto tendría como consecuencia, “el desvío a la carretera de tráficos hoy canalizados a través del modo marítimo, con el consecuente aumento de la distancia terrestre recorrida” e implicaría”, como resultado, “un aumento neto de las emisiones por el peor desempeño medioambiental del modo terrestre frente al marítimo, objetivo claramente contrario al perseguido”.

En segundo lugar, según el escrito, se generaría “una pérdida de competitividad de los puertos de Cataluña y un desvío de determinados tráficos a otros puertos cercanos”. A este respecto, se recuerda que el 27 de enero de 2022, la Dirección General de Tributos de la Generalitat de Catalunya ya recabó la opinión del presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), entonces Damià Calvet, quien informó de que “el 40% del tráfico de la APB son contenedores, mercancía que puede derivarse fácilmente a otros puertos cercanos para su transporte por carretera o su transbordo a otros buques hasta su destino final”, se señala.

Por último, también se advierte como tercera consecuencia, del “encarecimiento de las importaciones y exportaciones de las mercancías que entran por los puertos de Cataluña, lo que afectaría a todo el sector industrial y productivo, especialmente de las empresas catalanas”.

Por lo que respecta al ámbito fiscal, los firmantes alertan de que “el acceso y estancia de los buques en puerto ya está sujeto al pago de una tasa prevista en el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que cuenta con bonificaciones medioambientales si se dispone y si se utilizan sistemas de reducción o eliminación de las emisiones”.

“Como consecuencia, el impuesto propuesto podría suponer una doble imposición que habría que evitar”, se denuncia.

Como conclusión, las 23 organizaciones firmantes aseguran que “tanto por el carácter internacional del transporte marítimo como por su mayor eficiencia energética en comparación con otros modos de transporte, entendemos que deben evitarse gravámenes específicos y regionales para el sector y, en su lugar, impulsar la mayor ambición posible de la normativa medioambiental a través de la OMI y de la UE”.