15/09/2022 TRANSPORTE XXI

La distribución comercial comienza a facturar a sus proveedores esta operativa, por un importe de 0,90 euros de media por palé, lo que supone cerca de 100 millones de euros al año.

La entrada en vigor de la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas, salvo determinadas especialidades, caso de las mudanzas, cisternas, portavehículos, grúas, paquetería y reparto de carga fraccionada a los puntos de venta, ha hecho aflorar un coste que no se desglosaba de forma detallada, hasta la fecha, en la factura de los servicios de transporte.

La distribución comercial, que ha tenido que adaptar en tiempo récord sus operativas para cumplir la nueva normativa, con una dotación de mayores recursos en los puntos de carga y descarga, ha anunciado a sus proveedores que empezará a facturar estas operaciones. Para ello, recuerda las cláusulas logísticas pactadas por ambas partes, que establecen la entrega de la mercancía sobre muelle, según ha podido confirmar Transporte XXI en fuentes de toda solvencia. Eso sí, salvo que notifiquen, “de forma expresa y por escrito”, que la descarga se realizará por sus propios medios, “cumpliendo con la actual legislación”, según recogen varios comunicados dirigidos a los proveedores, a los que ha tenido acceso este periódico.

El importe medio establecido ronda los 0,90 euros por palé, dentro de una amplia horquilla que oscila entre 0,75 y 1,50 euros, explicaron los mismos medios, que estiman un movimiento diario de más de 350.000 palés, si bien no hay datos oficiales sobre el número de expediciones que puede manejar diariamente la distribución comercial. En definitiva, un coste próximo a los 100 millones de euros, que, hasta la fecha, iba incluido en el precio del transporte, según insisten las principales asociaciones de cargadores. “Siempre hemos creído que, efectivamente, la carga y descarga se tiene que remunerar de manera diferente”, aseguró, en una entrevista publicada en Transporte XXI, la directora de Logística y Transporte de Aecoc, María Tena. Opinión bien distinta a la manifestada por los transportistas, que recuerdan que “estas operaciones no se remuneraban”.

Expertos del sector creen que los proveedores tendrán difícil, al menos en esta fase inicial, poder repercutir este incremento de los costes, sobre todo a los transportistas, y auguran que dirigirán su punto de mira aguas arriba, derivando en una mayor subida de los precios, en un escenario ya inflacionista.

La prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, tanto de las mercancías, como de los soportes, entró en vigor el pasado 2 de septiembre en España, único país europeo, junto a Portugal, que tiene implantada esta medida.

Más sombras que luces
La puesta de largo de esta normativa, una vieja reclamación del Comité Nacional, está arrojando en sus primeros días de vida más sombras que luces, según coinciden en señalar operadores, transportistas y cargadores consultados por este periódico. “Hemos creado un ‘comité de crisis’ para atender las numerosas incidencias que llegan a diario, mientras se consolida la nueva situación”, confiesa a este medio el representante de una empresa especializada en la distribución alimentaria.

“Dada la complejidad del tema, con muchas dudas, algunas jurídicas y otras prácticas, estamos monitorizando cómo funciona, detectando los problemas que van surgiendo”, explica Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic. Esta asociación impulsa en Europa, a través de IRU, la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores.

En la misma línea se han pronunciado las principales asociaciones de empresas cargadoras. “La ley aprobada es ambigua y genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica, tanto en las empresas usuarias del transporte como en los transportistas en cuestiones clave como la carga fraccionada o la estiba y desestiba, que ni siquiera se menciona en el Real Decreto-ley”, recuerdan desde Aecoc.

La asociación advierte de que “las medidas aprobadas añaden complejidad, costes y aumentan la tensión de la cadena en un momento especialmente crítico”. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores insiste en que “son medidas muy complejas de implementar, especialmente para las pymes”, y destaca el “gran esfuerzo” de las empresas para adaptar sus operativas, dotando de “mayores recursos los puntos de carga y descarga para llevar a cabo las operaciones que antes realizaban los transportistas”.

Impacto en la cadena
Según Aecoc, la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores afectará al 50 por ciento de las operaciones del sector del gran consumo, lo que, “además de la inversión en recursos, necesariamente tendrá un impacto muy notable en la eficiencia y la productividad de la cadena”. Además, la asociación lamenta que “las medidas se aprobaran tan solo a un mes de su entrada en vigor, a través de un Real Decreto-ley”, que “impidió la participación pública y la propuesta de enmiendas”.

Desde la Asociación de Cargadores de España (ACE) también se insiste en el “poco tiempo para prepararnos a este cambio normativo”. Y es que, aunque la prohibición de la carga y descarga con carácter general se publicó el 2 de marzo, con un período transitorio de seis meses, hasta el 2 de agosto no se detallaron las condiciones en las que tiene efecto una de sus exenciones. En concreto, la relacionada con la carga fraccionada, que “supone un volumen muy importante de nuestros envíos”, apunta Nuria Lacaci, secretaria general de ACE.

Igualmente, asegura que “la interpretación de la norma no es sencilla y habrá cuestiones sobre las que tendrán que decidir los tribunales”. Por ello, Lacaci cree que “en lugar de una prohibición con carácter general, se deberían haber establecido unas condiciones para evitar que el conductor tenga que realizar operativas que implican penosidad, alarguen su jornada de trabajo o le impidan la conciliación”. En el resto de los casos, añade, “la realización de la carga y descarga aporta valor añadido al servicio de transporte, aumenta la eficiencia operativa y proporciona unos ingresos adicionales al conductor”. Con todo, Lacaci recuerda que “los cargadores se han preparado para cumplir con la normativa, contratando o reubicando personal para la realización de las labores de carga y descarga”.

En cuanto al impacto de esta medida en el coste del transporte, la secretaria general de ACE entiende que no se incrementará. “La carga y descarga se abonaba a la empresa de transporte, cuando era el chófer el que la realizaba, y, a partir de ahora, este importe se le detraerá al transportista y se destinará a la retribución del nuevo personal contratado”, concluye Lacaci.

Por último, el secretario general de Transprime y Strategic Relations Manager en ESC, Jordi Espín, explica que “estamos desplegando la normativa y adaptando el escenario resultante de la regulación que define claramente que cada parte, cargador y destinatario, debe asumir sus costes y riesgos”. Espín recuerda que “nuestra labor principal reside en pacificar las operaciones logísticas después de todos los cambios que han llegado durante 2022”. Además, apunta que “los cargadores estamos adaptando la normativa de manera rápida, en una labor de pedagogía acelerada con todos los agentes logísticos”.