14/09/2022 TRANSPORTE XXI
Las navieras sortean la crisis con inversiones de 750 millones de euros en nueve buques para modernizar y reforzar su negocio, de los que cuatro ya fueron entregados en 2021.
La flota de buques mercantes controlada por navieros españoles continúa avanzando hacia la sostenibilidad del negocio del transporte marítimo con un firme compromiso con la descarbonización. A las inversiones realizadas en el último quinquenio por valor de 2.000 millones de euros, con la incorporación de 33 buques, las empresas navieras están añadiendo nuevas construcciones por un importe de 750 millones de euros. En concreto, se han sumado cuatro buques en 2021, por un valor de 290 millones de euros, y antes del finalizar 2022, se van a incorporar otros cinco barcos por un importe de 460 millones de euros.
En 2021 se recibieron cuatro buques de nueva construcción, tres ferris y un metanero, mientras que en 2022 se van a entregar cinco barcos, un quimiquero, dos metaneros, un buque de pasaje y un buque tanque.
Esta apuesta inversora de las navieras españolas está permitiendo modernizar la flota mercante, en un “notable esfuerzo”, pese a la crisis de actividad fruto de la pandemia, según explica la Asociación de Navieros Españoles (Anave). De hecho, este compromiso inversor supone que actualmente más del 4 por ciento de los 214 buques que componen la oferta española utilice combustibles alternativos (GNL) frente a un 1 por ciento de la flota mundial.
Asimismo, a lo largo del pasado ejercicio, varios buques de línea regular se han sometido a modificaciones energéticas, como la instalación de scrubbers, remotorizaciones a gas natural licuado y la instalación de conexiones para el suministro de electricidad en puerto. En este sentido, según los datos de Anave, más del 4 por ciento de los buques que controlan empresas navieras españolas disponen ya de conexión eléctrica a tierra, frente a menos del 2 por ciento del total mundial.
El 52,4 por ciento del tonelaje de la flota mercante española, que supera los 5 millones de GT, está inscrito en pabellones extranjeros, mientras que un 47,6 por ciento se mantiene en el Registro Especial Canario, en el que hay 113 buques inscritos, cuatro más que en 2020. Por su parte, la flota bajo pabellón extranjero está compuesta por 101 buques, cinco unidades menos que en 2020.
En la actualidad, el mayor número de buques controlado por empresas españoles pertenece a los tráficos ro-pax, con 81 buques, de los que 55 navegan con pabellón español dentro del Registro Especial Canario. Por su parte, los buques destinados a tráficos energéticos (petroleros, graneleros, quimiqueros y gaseros) suman 66 unidades, mientras que los relacionados con carga general, contenedores y carga rodada ascienden a 57 unidades. Hay que destacar que en 2021 se incorporaron 19 buques a la flota española y se dieron de baja 20 buques por venta, vencimiento de contratos o desguace, manteniendo un tonelaje total por encima de los cinco millones de GT (ver cuadro adjunto).
El reto energético
El presidente de Anave, Vicente Boluda Fos, ha explicado que “junto a las graves repercusiones provocadas por la pandemia, el sector del transporte marítimo debe hacer frente a unas normas medioambientales cada vez más complejas y exigentes, que van a suponer un aumento muy importante del coste del transporte marítimo”.
En este sentido, Boluda indica que “las navieras ya están haciendo importantes inversiones para mejorar la eficiencia de sus flotas y reducir su impacto ambiental, pero será necesario un mayor esfuerzo en los próximos años”, avanzando que “teniendo en cuenta la gran incertidumbre que existe sobre los combustibles y tecnologías disponibles, el reto es aún mayor”.
Junto a esto, el empresario ha mostrado la preocupación del colectivo naviero por el impacto del paquete legislativo ‘Fit for 55’, que está desarrollando la Comisión Europea al incluir el transporte marítimo en el régimen europeo de comercio de emisiones y la propuesta de reglamento ‘Fuel EU Maritime’, que quiere favorecer el uso de combustibles marinos menos intensivos en carbono aplicando importantes sanciones a aquellos buques cuya intensidad de carbono supere un límite establecido.
El presidente de Anave explica que “solo estas dos medidas, con su redacción actual, tendrían un impacto medio hasta 2030 de un millón de euros por buque y año”, avanzando que ante la falta de disponibilidad de combustibles alternativos, “las cifras serían mayores si se mantuviesen las condiciones actuales de consumo”.
Al mismo tiempo, desde la patronal naviera se detalla que en los próximos meses las navieras deberán centrar su atención “en las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero” aprobadas por la Organización Marítima Internacional.
A partir del 1 de enero de 2023 entrará en vigor un índice de eficiencia energética para buques existentes y un indicador de la intensidad de carbono operacional de los buques. Esto llevará, según señala el presidente de Anave, a que el 75 por ciento de la flota mundial deba acometer modificaciones para lograr el índice requerido, y el resto tenga que incluir medidas de eficiencia energética.
