06/09/2022 TRANSPORTE XXI

Las Juntas Arbitrales reciben 1.900 reclamaciones por impago de portes a lo largo del pasado año (-23%), la cifra más baja desde la crisis financiera de 2008, si bien aún representan el 60% del total de litigios.

El incremento de la actividad del transporte de mercancías por carretera durante el pasado año, con volúmenes de carga por encima de los niveles prepandemia (+5,6 por ciento), no ha venido acompañado de una mayor conflictividad en las relaciones contractuales entre los distintos actores de la cadena de valor. Al menos, así lo muestran los datos recogidos en la memoria de actividad de las Juntas Arbitrales del Transporte, a los que ha tenido acceso este periódico.

En 2021, estos órganos institucionales, que sustituyen a los juzgados y tribunales en las reclamaciones de su competencia, recibieron un total de 3.749 demandas de contratos de transporte de mercancías y de actividades auxiliares y complementarias, lo que supone una caída del 12 por ciento con respecto al ejercicio anterior. La entrada más baja desde 2008, año en el que se produjo la quiebra de la entidad financiera Lehman Brothers, que derivó en una de las mayores crisis económicas de la historia.

La estadística también revela la fuerte caída de las reclamaciones por impago de portes. Las Juntas Arbitrales recibieron el pasado año 1.923 demandas por este concepto, la más baja también desde 2008.

Esta cifra supone un recorte del 23 por ciento con respecto al difícil 2020, marcado por la crisis sanitaria mundial, y un 70 por ciento menos que en 2009, año en el que se alcanzó el pico de demandas por impago, con más de 6.500 reclamaciones presentadas. La morosidad baja porque “han cuajado las modificaciones normativas que se han ido realizando durante los últimos años”, explica Xavier Hormigos, responsable de la Junta Arbitral del Transporte de Cataluña.

En este sentido, además de la ‘acción directa’, que permite exigir el pago del servicio de transporte a cualquiera de los componentes de la cadena de subcontratación, sin que quepa alegar que ya se abonó, destaca la reciente aprobación de la Ley que establece un nuevo régimen sancionador contra la morosidad en el transporte por carretera. “Queda más constancia escrita de los contratos entre transportistas y entre cargadores y transportistas”, recuerda Hormigos, tras subrayar que “este es un año importante para ver si se confirma la reducción de las demandas por impago”.

No hay que olvidar que el pasado 2 de septiembre entró en vigor la prohibición de las operaciones de carga y descarga por parte de los conductores, lo que “puede generar controversia y acabar afectando a la actividad de las Juntas Arbitrales”, concluye Hormigos.

Con todo, el balance de 2021 sigue reflejando el impacto de la morosidad, con un peso del 60 por ciento sobre el total de reclamaciones de contratos de transporte de mercancías. Eso sí, casi nueve puntos porcentuales menos que un año antes. “Es pronto para saber si marcará tendencia”, señalan responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Como contrapunto al descenso generalizado de las demandas por impago, destaca el fuerte crecimiento de las reclamaciones por este concepto registradas en las Juntas Arbitrales de Cantabria (+66 por ciento), Navarra (+41 por ciento), Baleares (+40 por ciento) y Galicia (+36 por ciento).

Madrid, la primera de la clase
El balance anual también muestra que la mayor actividad se concentra en Madrid, que encabeza el ranking por volumen de demandas presentadas, sumando las de contratos de transporte de mercancías y actividades auxiliares y complementarias. En 2021, gestionó la entrada de 498 reclamaciones, sin contar las de viajeros, lo que representa el 13 por ciento del total. A continuación se encuentran Andalucía, con 448 reclamaciones, Galicia (431), Comunidad Valenciana (378) y Cataluña (377). Estas cinco comunidades autónomas gestionan más de la mitad del total de demandas.

Por último, la memoria de actividad también recoge que las Juntas Arbitrales dictaron 3.317 laudos y resolvieron 5.037 demandas, casi un 25 por ciento más que en 2020, año en el que hubo un fuerte parón de la actividad durante la primera ola de la pandemia, a lo que hay que sumar las dificultades posteriores, como recuerdan desde el Ministerio de Transportes.