26/04/2022 DIARIO EL CANAL
Las siglas EU ETS (European Union Emissions Trading System) hacen referencia al régimen de comercio de emisiones de gases invernadero, creado por la Unión Europea (UE) en el 2005 con el objetivo de luchar contra el cambio climático. Este pionero sistema -el primer programa de comercio de derechos de emisión en el mundo- limita las emisiones de alrededor de 10.000 instalaciones del sector eléctrico y la industria.
Aplicable a los 27 Estados miembros de la Unión Europea -más Liechtenstein, Noruega e Islandia- se trata de un programa basado en el mecanismo “cap and trade”. A rasgos generales, este mecanismo establece una cantidad máxima de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir aquellas instalaciones incluidas en este régimen. Dentro de este límite -el cual va disminuyendo progresivamente-, las instalaciones pueden comercializar (comprar o recibir derechos de emisión) en función de sus necesidades.
La Unión Europea incluye al transporte marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisión
La Comisión Europea aprobó en julio del 2021 el paquete legislativo “Fit for 55”. El objetivo de la UE con este paquete es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el 2030. La importancia de esta nueva propuesta legislativa es máxima en el marco del transporte marítimo, puesto que, por primera vez, la UE incluye a este sector en el régimen de comercio de derechos de emisión.
Antes de adentrarnos en cómo afecta esta cuestión al transporte marítimo, es necesario precisar que esta propuesta va mucho más allá de la inclusión o no de un determinado sector en este régimen de comercio de emisiones. La UE, además de recoger este objetivo intermedio de reducir las emisiones en un 55% en el 2030, fija uno mucho más ambicioso para el horizonte 2050: conseguir en su territorio una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Esta nueva propuesta está en línea con el Pacto Europeo Verde y con el compromiso asumido por la UE en el Acuerdo de París -el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático- cuya meta es mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 1,5ºC (respecto a los niveles preindustriales).
El sector marítimo se posiciona ante la inclusión del sector en el régimen de derechos de emisiones
La Organización Marítima Internacional (OMI), apuntó, en su cuarto estudio sobre “Los gases de efecto invernadero en el transporte marítimo”, que este sector es el responsable de casi el 3% de todas las emisiones que generan las actividades realizadas por el ser humano (en concreto, el 2,89% en el año 2018).
Pese a ello, la UE no había incluido medidas específicas encaminadas a reducir las emisiones de gases invernadero en el transporte marítimo, una cuestión que resuelve con su inclusión en el régimen europeo de comercio de emisiones a través del paquete legislativo “Fit for 55”.
La International Chamber of Shipping ha propuesto un impuesto global sobre las emisiones de las navieras en contraposición con el modelo EU ETS
Esta inclusión del transporte marítimo -que se aplicará de manera gradual- obliga a las navieras a pagar los derechos de emisión. En concreto, el sector naviero deberá abonar el 100% de los derechos en desplazamientos entre puertos ubicados en la UE y el 50% en conexiones cuyo destino u origen se sitúe en un puerto europeo.
Asimismo, también se han especificado las sanciones en caso de que las navieras no abonen estos derechos de emisión. En el supuesto de que este no se produzca, la UE tiene la potestad de denegar la entrada en cualquiera de sus puertos a todos los buques que pertenezcan a la naviera en cuestión.
Los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia, los más críticos con el nuevo sistema
La respuesta de los principales puertos españoles no se ha hecho esperar. Las autoridades portuarias de Algeciras, Barcelona y Valencia, han expresado recientemente su disconformidad con la nueva normativa, quienes consideran que este nuevo marco perjudica especialmente a los puertos del Sur de Europa.
La fuga de escalas a otros puertos no europeos para eludir o reducir el pago de los derechos de emisión, o el descenso de los transbordos en los puertos europeos, son las principales críticas a este nuevo sistema que han esgrimido los representantes de las principales autoridades portuarias del país.
Quizá el puerto de Algeciras haya sido el más crítico de todos los puertos españoles, y ya en el pasado mes de noviembre presentó alegaciones a Bruselas respecto al EU ETS. Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), su presidente, Gerardo Landaluce, ha señalado que la inclusión del transporte marítimo en el EU ETS, tal y como lo plantea la Comisión Europea, deja al borde del abismo al recinto andaluz.
El presidente de la APBA ha argumentado en reiteradas ocasiones que las nuevas medidas afectan principalmente a los puertos de transbordo del Sur de Europa, y que las mismas podrían romper el marco de libre competencia internacional que existe entre los puertos.
El argumento principal es que podría producirse una fuga de escalas a puertos cercanos no europeos para reducir el pago de estos derechos, y que esta fuga supondría un perjuicio considerable para Algeciras, puerto donde el transbordo representa una parte importante de sus tráficos. Al mismo tiempo, desde Algeciras se considera que en este nuevo marco no se reducirán, e incluso podrían incrementarse, las emisiones de gases contaminantes.
Las autoridades portuarias de Algeciras, Barcelona y Valencia -los tres puertos con mayores tráficos de España- se han afanado, independientemente de la puesta en marcha del EU ETS, en convertir sus recintos portuarios en infraestructuras más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Este último argumento lo defiende también el puerto de Barcelona, ya que, según su director de Estrategia, Jordi Torrent, la propuesta de la UE no solo repercutirá en los transbordos, sino que podría afectar incluso a los tráficos de importación y exportación. La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) teme que las medidas generen una concentración de escalas y que las mismas no consigan -al menos a corto plazo- la descarbonización del transporte marítimo.
Desde Barcelona también se ha recordado que en algunos puertos como los ubicados en Rusia, Marruecos, Turquía o Reino Unido (Estados no miembros de la UE) las navieras no se verían obligadas a realizar el pago de estos derechos. Al mismo tiempo, la APB ha criticado al sistema utilizado para valorar los derechos de emisión, el Monitoring Reporting and Verification, (el cual se calcula en base a las emisiones del buque y al precio en el mercado del carbono), debido a que el precio de este podría duplicarse en los próximos años.
Junto con Algeciras y Barcelona, también se ha pronunciado en la misma dirección el puerto de Valencia. A juicio de su presidente, Aurelio Martínez, con el plan anunciado por la Comisión Europea se corre el riesgo de crear paraísos medioambientales en países no comunitarios, trasladando y no solucionando el problema a otra ubicación.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) considera que su impacto será nulo y que podría agravar el problema de las emisiones contaminantes. Asimismo, desde la APV se ha apuntado que podría generar una pérdida de competitividad que se extendería, además de a los propios recintos portuarios, al tejido exportador que se desarrolla en sus respectivas áreas de influencia.
Por su parte, Puertos del Estado sostiene que este sistema generaría una fuga de escalas a puertos no comunitarios. El organismo público ha propuesto recientemente un modelo que se aplique de manera transitoria o bien un sistema progresivo de control de las emisiones, solicitando al mismo tiempo que se facilite la adaptación del sector a la nueva normativa.
En estos momentos, las autoridades portuarias de Algeciras, Barcelona y Valencia se encuentran elaborando, junto a Puertos de Estado, un documento que recoja modificaciones a esta norma. Estas propuestas ya han sido enviadas a la Oficina Española del Cambio Climático, a la Organización Europea de Puertos (ESPO-siglas en inglés) y a la Comisión Europea.
Las navieras apuestan por un impuesto cuya recaudación se invierta en la mejora de las infraestructuras portuarias
En cuanto a la postura de las navieras, durante el pasado mes de septiembre, la International Chamber of Shipping, propuso un impuesto global sobre las emisiones de las navieras en contraposición con el modelo EU ETS.
En concreto, la propuesta consistía en una tasa para aquellos buques que tengan una capacidad superior a las 5.000 toneladas brutas. La recaudación, que iría a un fondo climático de la OMI, se invertiría en el desarrollo de infraestructuras portuarias para el suministro de combustibles como el amoniaco o el hidrógeno.
La UE descartó en su momento la posibilidad de un impuesto para gravar las emisiones contaminantes, debido a las limitaciones que tiene Europa a la hora de regular. Además, esta cuestión supondría un problema desde el punto de vista de las competencias, puesto que los países miembros son reticentes a ceder competencias adicionales.
La Comisión Europea aprobó en julio del 2021 el paquete legislativo “Fit for 55”
Algeciras, Barcelona y Valencia invierten en sus infraestructuras portuarias en la búsqueda de un modelo más sostenible
El impulso de energías alternativas y la búsqueda de un modelo más respetuoso con el medio ambiente ha acaparado, en los últimos años, una parte importante de los proyectos e iniciativas de los principales puertos españoles. Las autoridades portuarias de Algeciras, Barcelona y Valencia -los tres puertos con mayores tráficos de España- se han afanado, independientemente de la puesta en marcha del EU ETS, en convertir sus recintos portuarios en infraestructuras más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
El EU ETS propuesto por la Unión Europea levanta críticas en otros sectores de la economía europea
El sector logístico-portuario no ha sido el único en mostrar su disconformidad con el EU ETS, y desde algunos ámbitos de la economía europea se ha solicitado recientemente la suspensión del sistema formulado por Europa. A modo de ejemplo, la Confederación Italiana de la Industria (Confindustria), organización que agrupa a cerca de 140.000 empresas del país transalpino, ha pedido la suspensión del régimen de comercio de emisiones, alegando, entre otros motivos, el riesgo que supone para la economía europea el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania, una circunstancia que altera notablemente el mercado de los combustibles (y por extensión, del régimen EU ETS).
De esta manera, y teniendo en cuenta la tendencia en otros sectores como el industrial, resulta previsible aventurar que, desde el sistema portuario español, encabezado por los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia, se va a continuar reivindicando la revisión de este sistema. La fuga de escalas a puertos no europeos y la incidencia de la nueva regulación en el transbordo de los puertos europeos -unido a una coyuntura mundial en la que reina la incertidumbre- son sin duda argumentos sólidos para solicitar la revisión de un sistema que parece no contentar a nadie.
