Las 28 autoridades portuarias que conforman en España el sistema portuario de titularidad estatal se encuentran clasificadas en cuatro grupo o categorías que determinan esencialmente la estructura directiva, la dotación de cada plantilla y las retribuciones de los distintos puestos de trabajo.

Este sistema fue instaurado con su actual arquitectura en el año 2000, mediante un Marco de Actuación aprobado por el Ministerio de Hacienda y en el que se determina que la asignación de las autoridades portuarias a cada categoría está en función de un sistema objetivo de indicadores que atienden a aspectos de la actividad portuaria, de la gestión de los recursos humanos y de la implantación y aplicación del marco estratégico, valorándose con ello numéricamente a cada autoridad portuaria.

En función de este sistema de clasificación en la actualidad forman parte del Grupo 1 las autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia; Grupo 2: Baleares, Cartagena, Gijón, Huelva, Las Palmas, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife; Grupo 3: A Coruña, Almería, Bahía de Cádiz, Castellón, Ferrol-San Cibrao, Pasaia, Santander, Sevilla y Vigo; y Grupo 4: Alicante, Avilés, Ceuta, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Melilla, Motril y Vilagarcía de Arousa.

Tal y como se detalla desde Puertos del Estado, con cada categoría se establece una serie de niveles descendentes, de tal forma que además del salario base de la Presidencia, también hay diferencias salariales entre el resto de categorías para Direcciones, Jefaturas de Departamento, Jefaturas de División, Jefaturas de Unidad o Secretarías. Excepcionalmente no tienen diferencias los salarios de las jefaturas de Áreas (en el grupo IV no disponen de esta categoría).

En cuanto a las estructuras, existen igualmente diferencias según el grupo al que pertenecen. Las dotaciones de puestos por categorías son superiores en el Grupo II y van reduciéndose según se baja de grupo.

En cuanto al Grupo I, cada autoridad portuaria tiene su propio régimen retributivo y de estructura máxima autorizada, teniendo, además, una categoría añadida que es la Subdirección.

El principal reto ahora mismo de este Marco de Actuación es adaptarse al crecimiento anual de cada puerto y a las distintas necesidades que surgen con el paso de los años en función del crecimiento y de las nuevas demandas de profesionales que requiere la actividad portuaria. En este sentido, el Marco de Actuación sí establece una vía para que mediante el cambio de categoría un puerto pueda adaptar su estructura al crecimiento.

Para ascender de categoría es necesario cumplir una serie de criterios de tráficos y económicos, que además deben perdurar durante tres años por encima de la media del grupo inicial.

Con esta condición previa, el cambio de grupo es solicitado por la autoridad portuaria con la documentación que acredite el objetivo. Posteriormente Puertos del Estado lo propone para que finalmente sea autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Dicho esto, la realidad demuestra que, por un lado, este sistema no es lo suficientemente flexible y, por otro, la realidad portuaria ha cambiado y en la actual clasificación esto no queda reflejado fielmente en cuanto a criterios económicos y de tráficos.

Como se afirma desde OPPE, la posibilidad de cambiar de categoría “no es real”.

Desde 2007 sólo una autoridad portuaria ha cambiado de categoría, Cartagena, pese a las reiteradas peticiones de diversos enclaves. Por otro lado, si en 2000, entre la última autoridad portuaria de la categoría 1 y la primera de la categoría 2 había hasta 8 puntos de diferencia en la valoración, con las cuatro autoridades del Grupo 1 claramente a gran distancia del resto, 22 años después basta observar los ratios de gestión de 2021 para observar cómo en términos de tráfico, ingresos, beneficios y rentabilidad (ver cuadro adjunto) hay numerosos puertos con opciones a cambiar de categoría y sobre todo con realidades muy diferentes.

Puertos del Estado no es ajeno a esta situación. A preguntas de Diario del Puerto, el Organismo Público tiene clara la necesidad de reformar este sistema, para lo cual “considera esencial la aprobación del Marco Estratégico, uno de cuyos pilares esenciales es la renovación de las estructuras de las autoridades portuarias”.

A partir de este instrumento, “el ideal sería que los cambios en los grupos estuvieran vinculados con indicadores objetivos, y se pudieran realizar con la agilidad debida”, se afirma desde OPPE, que recuerda que el actual sistema tiene una vigencia “indefinida” y se enfrenta a la actitud del Ministerio de Hacienda “reacio a cualquier cambio”, por lo que “la aspiración de Puertos del Estado es renovar el sistema de categorías con la aprobación del Marco Estratégico”.

Para OPPE el diagnóstico es evidente: “En su configuración actual, es extremadamente difícil renovar el sistema de clasificación, como demuestra su aplicación prácticamente sin cambios desde hace más de 20 años”. De esta forma se busca aprovechar la oportunidad del nuevo Marco Estratégico, “que abrirá muchas vías de actuación en materia de recursos humanos”.

Con respecto a los aspectos más urgentes a modificar en el actual sistema de categorías, desde OPPE se cita “la normalización de estructuras, grupos y actualizaciones legales adaptadas al sistema portuario”, al tiempo que se insiste en el objetivo de que “exista la posibilidad real de cambiar de grupo cuando se cumplan las condiciones establecidas vinculadas a indicadores objetivos”.

La clave está en que el sistema sea ágil y dinámico para “poder adaptarlo con agilidad a las condiciones actuales y futuras de las autoridades portuarias”, se afirma desde OPPE.

“El modelo idóneo debería aspirar, en cualquier caso, a superar la rigidez de los procedimientos actuales, permitiendo una adaptación rápida a las circunstancias de cada autoridad portuaria”, se concluye desde Puertos del Estado.

El sistema portuario de titularidad estatal tuvo un gasto de personal en el año 2021 de 265,25 millones de euros, lo que frente a los 272,2 millones de 2020 representó un descenso del 2,6%.

El Marco Estratégico prevé un aumento medio en cinco años de las plantillas del 30%, de ahí que OPPE quiera enmarcar el tema de las estructuras de los puertos y sus categorización en el desarrollo del Marco Estratégico.