18/03/2022 EL CONFIDENCIAL

Con problemas de desabastecimiento de productos básicos en algunos lineales de los supermercados, el Gobierno despliega su relato frente a las protestas y la huelga de transportes, que vincula a una minoría radical con lazos con la ultraderecha, pero no acelera medidas urgentes para calmar los ánimos. La preocupación se extiende y el Ejecutivo es consciente de la gravedad de una crisis profunda por los altos precios en un escenario sin precedentes por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez sigue remitiendo al Consejo Europeo y descarta adoptar medidas inmediatas antes del Consejo de Ministros del 29 de marzo.

Se esperan días muy tensos y la calle está caliente. A primera hora del jueves, el Ministerio del Interior dio la orden a todas las delegaciones del Gobierno del país de «reforzar todos los dispositivos policiales» para garantizar el abastecimiento de productos básicos y proteger a los transportistas que no han secundado un paro que tachan de «ilegal». El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se hizo presente durante la jornada mediante la difusión de vídeos que mostraban la actuación de las fuerzas de seguridad en labores de escolta de camiones frente a los piquetes.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recordó que el Congreso convalidó este jueves el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera que incluye, entre otras medidas, una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible. La aprobación de la norma ha obtenido el respaldo de todos los grupos, excepto de Vox. El decreto fue pactado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la patronal mayoritaria. “No vamos a legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras que está intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por los palos y las piedras”, aseguró la ministra tras asegurar que tomarán más medidas de manera “ágil y contundente”.

Más preocupa en las filas del Gobierno la manifestación convocada el domingo por todas las organizaciones agrarias en Madrid y para la que agricultores y ganaderos llevan meses calentando motores. Será, dicen, “la protesta del siglo” y llega en un momento de máxima tensión. El sector primario ya se quejaba de una tormenta perfecta, con ventas a pérdidas en origen, importaciones de terceros países contra las que no se puede competir, una PAC cuya reforma creen injusta, la sequía y unos costes disparados en la producción. Ahora, los efectos económicos galopantes de la guerra sobre los precios, el gasóleo disparado, el problema de importaciones de grano para pienso animal —la mayoría viene de Ucrania— y la huelga de transportistas, que ya ha golpeado a los ganaderos de la leche y está obligando a muchos agricultores a posponer la recogida de productos perecederos, convierten la tormenta en tsunami. Las asociaciones agrarias avisan de una situación límite. Vox y PP ya anunciaron que apoyarían el domingo esta gran manifestación.

Sánchez, de gira

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó a los socios de la UE no posponer la decisión de desacoplar los precios del gas y la electricidad, confiando en que se adopte esa medida en el Consejo Europeo de la semana próxima, de donde espera que salgan medidas rápidas y urgentes. Así se pronunció desde Bucarest en su gira europea para recabar apoyos a la postura defendida por España desde el pasado diciembre. Sánchez sigue sin mover ficha sobre el plan de choque que aprobará su Consejo de Ministros, mientras que se evidencian las profundas diferencias que existen en su gabinete entre PSOE y Unidas Podemos.

Las medidas de los socios de coalición del PSOE no convencen en absoluto a los ministerios de Economía, Hacienda o Transición Ecológica, que discrepan de ese impuesto a las eléctricas, y desde esta ala del Gobierno hablan de “eslóganes activistas alejados de la realidad”. Las medidas anticipadas por Hacienda se dirigen a subvencionar la gasolina como alternativa a las rebajas fiscales. El presidente del Gobierno se comprometió con las comunidades del PP, en la Conferencia de Presidentes, a abordar un plan de choque fiscal. Los populares reclaman reducir el IVA de electricidad, gas e hidrocarburos, abrazando un tipo superreducido del 4%. Una fórmula que no gusta en absoluto a Unidas Podemos, pero tampoco a los socialistas. Sánchez quiere un pacto con el PP en un momento crítico y ante una crisis social que será aguda, pero no es nada fácil encajar todas las posiciones, cuando la división dentro de su Gobierno aflora y la presión política crece desde los grupos del Congreso. Mientras tanto, el presidente sigue esperando a Bruselas.

Ante la rebelión del campo, que amenaza con poner contra las cuerdas al Gobierno el próximo domingo en Madrid, no solo el ministro de Agricultura, Luis Planas, pasó a la ofensiva, también el PSOE se desplegó para frenar el descontento. No es nuevo, los alcaldes socialistas del medio rural llevan ya tiempo alertando de la fuerte penetración de Vox y del descontento de agricultores y ganaderos. “Los que votan a Vox son los hijos de quienes nos votaban a nosotros”, señalaba un dirigente socialista que radiografía hace meses el descontento y mostraba la preocupación en el partido.