EL MERCANTIL
La crisis generada por el coronavirus impactó especialmente al empleo para personas con discapacidad, con un desplome de la contratación del 30% en 2020, si bien la situación se ha revertido gracias a la reactivación de la economía en el segundo semestre de 2021. Al cerrar el año, los niveles de contratación se acercaron a los prepandémicos, llegando a situarse tan solo el 3% por debajo de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En el sector de logística y transporte, el segundo que más puestos de trabajo genera para este colectivo -después del empleo público-, el crecimiento de las nuevas contrataciones no ha ido acompañado de un incremento porcentual, que ha sido inferior en 2021, del 1,22%, que en el año anterior, cuando se quedó en el 1,36%, según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
Cuando se produjo el primer estado de alarma y el confinamiento en marzo de 2020, “fue catastrófico, se paralizó su contratación porque se asociaba erróneamente a que eran personas de riesgo, más vulnerables al coronavirus, cuando solo lo son aquellos con discapacidad inmunológica”, afirma la coordinadora nacional de Integración de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, que atribuye esta situación a “los sesgos que todavía tienen la sociedad y las empresas hacia las personas con discapacidad”. Sin embargo, los niveles de contratación han experimentado una recuperación progresiva en 2021 y ya se sitúan a tan solo tres puntos de la registrada en 2019, un incremento muy superior al de la contratación de la población general, que sigue en un 13% menos.
“Las empresas con diversidad consiguen mejores resultados: más implicación y productividad”
María Viver Directora de la Fundación Randstad
A pesar del optimismo que muestran estos datos, un reciente informe de la Fundación Adecco, ‘Discapacidad y expectativas para el nuevo año’, constata que “el contexto de la nueva normalidad se antoja hostil para la mayor parte de las personas con discapacidad en términos profesionales”. De este modo, seis de cada diez desempleados (65%) no confían en el mercado laboral del próximo año y cree que no encontrará trabajo estable en 2022, según el mismo informe. La digitalización, la automatización y los requisitos cada vez más exigentes de las ofertas de empleo generan un “efecto desánimo” entre las personas con discapacidad, afirma el informe, que acostumbran a tener una menor formación y a ocupar puestos de trabajo “poco cualificados”.
Sin embargo, “muchas personas ni trabajan ni están buscando empleo, se han quedado totalmente fuera del mercado laboral, y eso se ha intensificado con el efecto desánimo de la pandemia”, argumenta García. Según los últimos datos publicados por el INE, en 2020 la tasa de actividad -es decir, personas empleadas o en búsqueda activa- se situó en el 34,3%, mientras la de la población general fue del 76,1%. “A veces hay la percepción de que la culpa es de la persona, que no se anima a trabajar, cuando realmente hay que poner el foco en el mercado que le ha expulsado”, explica, “así como en la formación, que es el gran elemento de exclusión”.
34,3%
La tasa de actividad para personas con discapacidad se situó en 2020 en el 34,3%
A pesar de estas cifras, la coordinadora de Integración de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, se muestra optimista con la evolución de las últimas décadas en cuanto a inclusión laboral y prevé que se retomará la senda positiva tras el golpe provocado por la pandemia. “Hace 30 años, ninguna empresa tenía adaptación de barreras físicas a personas con discapacidad y ahora mismo la tienen prácticamente todas”, recuerda, “hasta la crisis del coronavirus, habíamos tenido un crecimiento constante de contratación de personas con discapacidad y de sensibilización de la sociedad y de las empresas”. Por su parte, la directora de la Fundación Randstad, María Viver, indica que “las empresas deben implementar políticas y planes de integración, con objetivos realistas y procesos adaptados para que pueda concluir con éxito el proceso de integración”, así como adaptar sus instalaciones “para que cualquier persona pueda acceder a su puesto de trabajo”. De este modo, “podrán beneficiarse de todas las ventajas que se consiguen cuando integras a personas con discapacidad”, que van más allá de las ventajas económicas y fiscales: “Las empresas que tienen diversidad consiguen mejores resultados ya que sus equipos muestran una mayor implicación y mejora la productividad y el servicio”.
Este cambio cultural ha ido de la mano de subvenciones a la contratación y de legislación, como la Ley General de Discapacidad, promulgada en 2014, que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar, al menos, el 2% de su plantilla para personas con discapacidad. Sin embargo, “a la práctica, esto no se cumple”, denuncia Daniel García (Cocemfe), pues la empresa puede optar por las “medidas alternativas” incluidas en la misma ley, si justifica la imposibilidad de cumplir el requisito. Desde Cocemfe “pedimos que estas medidas sean excepcionales, que lo ordinario sea contratar a personas con discapacidad”, añade el secretario de Finanzas de la entidad. Además, Daniel García reclama a la Administración que se amplíe esta reserva, no solamente a las empresas de más de 50 personas, sino también a otras empresas más pequeñas. “Somos un país de pymes, de empresas de menos de 50 trabajadores” y “hay áreas geográficas en las que la mayoría de las empresas no llega a ese tamaño, la normativa debería adaptarse a la realidad del mercado” añade, y pide también que se intensifique la labor de inspección para el cumplimiento de la normativa.