13/09/2021 EL MERCANTIL
La compañía ferroviaria pública Renfe ha provisionado un mínimo del 65% del importe total de la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2014 al operador por “entorpecer la liberalización del transporte de mercancías”. La decisión de Competencia fue ratificada hace unas semanas por la Audiencia Nacional, pero Renfe ha recurrido al Tribunal Supremo. Según las cuentas anuales de 2020 de Renfe Mercancías, la confianza por parte del grupo en que la sanción fuera reducida de forma significativa, llevó a la dirección de la empresa pública a provisionar 42,3 de los 65 millones de euros impuestos por la CNMC. Al asumirse la multa de forma solidaria al 50% entre Renfe Operadora y Renfe Mercancías y tras intentar cerrar de forma infructuosa el expediente sancionador con una propuesta de terminación convencional, la filial de mercancías registró en el ejercicio de 2016 una dotación de 21,1 millones de euros.
En su momento, la CNMC impuso una sanción a Renfe y a varias empresas del grupo Deutsche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, DHIB, DB ML y DB SR Deutschland) por “limitar la presión competitiva que podían ejercer operadores internacionales en el mercado español de transporte de mercancías por ferrocarril”. Estas compañías habrían infringido de forma continuada los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consistente en establecer acuerdos y prácticas concertadas, restrictivos de la competencia por su efecto por parte de ambas entidades.
La CNMC considera que Renfe discriminó a otras operadores ofreciendo un trato preferente a Deutsche Bahn
Como consecuencia de dichos acuerdos, asegura la CNMC, se llegó a una situación en la que el único competidor de Renfe que disponía de tracción (Transfesa -propiedad del grupo Deutsche Bahn y de la propia Renfe), subarrendó el servicio a Renfe y a otra empresa del grupo alemán. De esta forma, el operador público español quedó posicionado como la única compañía con capacidad de tracción propia en el mercado español. En este punto, la CNMC destacaba en 2017 que Renfe y Deutsche Bahn “han constituido y constituyen respectivamente el primer y segundo operador de transporte de mercancías por ferrocarril en España por volumen de facturación, y presentan conjuntamente porcentajes superiores al 80% del transporte de mercancías por ferrocarril en España”.
Por otro lado, Renfe también habría infringido los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE, al realizar un abuso de la posición del grupo y discriminando comercialmente a otras compañías ferroviarias, particularmente a los miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP). Las condiciones ofrecidas a estos operadores fueron distintas de las acordadas con las empresas del grupo Deutsche Bahn (Transfesa, PIF, Hispanauto y DB SR Deutschland). Así, Renfe ofreció un tratamiento preferente a estos a la hora de prestarles servicios de tracción ferroviaria. Además, la compañía pública española no aplicó penalizaciones a Transfesa, en el caso de que le anulase servicios de tracción ferroviaria contratados para el transporte de mercancías. Sin embargo, sí aplicaba dicha penalización a otras compañías ferroviarias que trataban de competir con ambos grupos.
A LA ESPERA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Al expediente impuesto por la CNMC, Renfe presentó dos recursos, uno por la multa, alegando que “no ejerció políticas restrictivas ni abuso de posición en el mercado, pues este estaba completamente liberalizado”, y otro “en defensa de sus derechos fundamentales, ya que la ley impide sancionar dos veces a una persona física o jurídica por un mismo hecho, como este sería el caso”. La Audiencia Nacional rechazó el pasado agosto este segundo recurso, considerando que no se habían dañado los derechos fundamentales de la empresa ferroviaria. Posteriormente, la compañía presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “al entender que sí se han vulnerado sus derechos fundamentales, recibiendo dos sanciones por un mismo hecho”, explica Renfe. En caso de que este tribunal rechace el recurso, un procedimiento que se encuentra a la espera de resolución, el operador público se verá finalmente obligado a pagar los 65 millones de euros de la sanción.
El presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas tacha de “desagradable” esta situación
La Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), especialmente afectada por las prácticas de Renfe, según la CNMC, ha tildado de “desagradable” esta situación en la que el operador público español “se ha gastado millones en defensa jurídica para acabar perdiendo este proceso, como pasa con muchos otros, siempre a costa del erario público”. El presidente de la asociación, Juan Diego Pedrero, ha expresado la intención de resolver los temas con la operadora de una forma “más consensuada, pues la imagen reputacional de Renfe está quedando bastante dañada”.
“Es muy posible que el Tribunal Supremo ni siquiera acepte el recurso”, sostiene Pedrero, alegando que “la relación” de Renfe con Transfesa ha significado para muchas empresas la reducción de sus posibilidades para acceder a determinados mercados. Recuerda que Renfe tiene participación en muchas empresas privadas, como la propia Transfesa, lo que lleva a que no ofrezca tracción mayorista a ninguna otra compañía: “Esta situación puede llevar a que el resto de empresas recurran ahora en daños. Reclamamos más transparencia a Renfe, que está actuando como una empresa privada cuando no lo es”, sostiene. “Tiene que responder y tiene que mostrar sus cuentas; nosotros esperamos que esto no siga así, que no tengamos que judicializar cada uno de los procesos y que podamos llegar a lo que nos interesa a todos, que es el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías en España”, concluye el presidente de AEFP.
