29/04/2021 LA VANGUARDIA
“Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera”. Esta frase, incluida sin más desarrollo en el documento de 211 páginas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó hace dos semanas el presidente Pedro Sánchez, ha reavivado un viejo debate económico: el de cómo financiar el coste de las carreteras en España y, en concreto, el de hacerlo a través de la modalidad de pago por uso de autovías y autopistas.
Como tantas veces desde que la crisis financiera del 2008 dejó tiritando las cuentas públicas y se olvidó de las carreteras, los políticos de uno y otro bando lanzan la piedra y esconden la mano en este asunto. “Se ha enviado la propuesta a Europa porque hay que definir los cambios estructurales que necesita España para percibir los fondos de recuperación, pero entendemos que en el contexto actual no se puede aplicar la medida”, aseguran desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el de Fomento de toda la vida, que dirige José Luis Ábalos.
Coste
El Estado gastará 478 millones en mantener las autopistas revertidas entre el 2018 y el 2021
La respuesta recuerda mucho a la que esgrimían los políticos del Partido Popular cuando eran titulares de la cartera de Fomento, tanto Ana Pastor como Íñigo de la Serna.
Hay muchos ejemplos, pero quizás el más parecido al actual es el que se escuchó en el verano del 2017 en un curso de la Universidad de Santander dedicado a este mismo tema. Entonces Julio Gómez Pomar, a la sazón secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, reconocía que el gobierno (del PP) estaba valorando la posible implantación del pago por uso en las vías de alta capacidad. Pero respecto a su aplicación Miguel Barranchina, portavoz, del PP en la comisión de Fomento del Congreso, aseguraba que “dependerá del momento económico”.
“Nunca va a haber un momento adecuado. Explicado en los términos que lo plantean, es indefendible al público. ¿Por qué el ciudadano va a aceptar pagar por usar una infraestructura que considera que ya ha pagado con sus impuestos?”, reconoce Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera, una de las instituciones que con más firmeza defienden la medida, pero con una modulación diferente.
Pero si en el 2017 la idea podía recibir una patada hacia delante, ahora la situación ya no deja mucho margen. Este año la finalización del plan de reversión de concesiones de autopistas 2018-2021 supone trasladar al Estado la propiedad de 1.097 kilómetros de autopista y unos costes añadidos a ello de 478 millones de euros al año.
Serán los presupuestos públicos los que tendrán que asumir ese sobrecoste en un momento en que la deuda pública está tocando máximos históricos en el 120% del PIB, por lo que encontrar una solución que no esquilme el presupuesto anual del Estado es perentorio.
Modelos
Hace cuatro años el gobierno del PP ya expuso públicamente su propuesta de un peaje en la red
El pago por uso no es una idea nueva para el ministro socialista. Desde que Ábalos asumió la cartera en el 2018, la ha defendido en numerosas ocasiones. Ese año se comprometió a aplicarla antes del 2020. “Como momento histórico este es inigualable. Una medida como el bono de movilidad de la AEC encaja perfectamente con los requisitos de transformación digital y mejora de la eficiencia energética que rigen en el mecanismo de rescate europeo”, asegura el director general de la AEC, Jacobo Díaz.
Si el Gobierno opta por una medida como la viñeta sí que sería de inminente aplicación, pero tanto si se establecen peajes con algún tipo de barrera o un bono, como proponen en la AEC, son medidas que llevará tiempo diseñar y aplicar. Para cuando estén listas, si los fondos de recuperación se han ejecutado con eficiencia cabe esperar que España haya salido de la crisis y, entonces sí, será ya el momento político y económico para aplicar el pago por uso.
“Para que esto ocurra se necesita un gran pacto de Estado que llevará unos años madurar e implantar y así habrá margen para la recuperación”, advierte José Triguero, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Esa es la línea en la que está el Gobierno. “El pago por uso solo se aplicará si hay consenso político y acuerdo con el sector de transportes”, aseguran fuentes del Ministerio.
Autonomías
Desde hace años la Generalitat defiende el pago por uso, pero el Estado no lo ha apoyado
Desde Catalunya, la Generalitat es una firme defensora del pago por uso y de que quien contamine pague, pero a través del modelo de la viñeta. “Este modelo en Catalunya lo hemos trabajado desde hace tiempo con el consenso de un amplio abanico de sectores y actores implicados, y se ha expuesto al Estado en numerosas ocasiones. El Estado, sin embargo, no lo ha apoyado y, dado que tiene que ser aplicable a todas las vías de alta capacidad (si no, no tendría sentido), no se ha podido aplicar”, explican fuentes del Departament de Territori que dirige Damià Calvet.