05/04/2021 TRANSPORTE XXI

La reforma que impulsa el Gobierno de Sánchez, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios y la indiferencia de VOX, inició su recorrido en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, del pasado 25 de marzo, con la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL). En ella se insta al Ejecutivo a “utilizar los instrumentos jurídicos necesarios para clarificar y completar el régimen jurídico de los Centros Portuarios de Empleo de forma que, sin alterar la configuración general del régimen actual, se reconozca su carácter mutualista y se establezcan las especialidades necesarias para su adaptación a la realidad específica del sector”. La modificación deberá garantizar “el cumplimiento de los pronunciamientos de la Comisión Europea, impulsando la competitividad de los puertos españoles”, según la enmienda transaccional que presentó el Grupo Parlamentario Popular, y que fue aprobada.

Tras esta PNL, hay un borrador de Real Decreto-ley, al que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI, y que se centra en la modificación del artículo 18 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. Esta norma ya fue modificada en 2019 para encajar en la misma a los CPE.

La intención del decreto choca con la enmienda transaccional, ya que la mayor parte de su redacción ataca la liberalización del sector, según denuncia la patronal Asoport. El borrador apuesta por transformar los CPE en “empresas de propiedad conjunta de base mutualista”, sociedades “constituidas voluntariamente para satisfacer de forma óptima la necesidad común de los socios de disponer de trabajadores especializados en número y capacitación suficiente para prestar de forma eficiente el servicio público portuario de manipulación de mercancías”.

Se propone la creación de un contrato de prestación de servicios que será el que determine el régimen de la puesta a disposición de trabajadores, que deberá celebrarse de forma unilateral entre cada uno de los socios y el CPE en el plazo máximo de dos meses desde la publicación del RDL.

Junto a ello, se abre la puerta a asegurar la subrogación de trabajadores si las empresas estibadoras abandonan el ‘pool’, es decir, el CPE. Sus socios podrán abandonarlo, pero “si de esta salida se derivasen efectos en el empleo, la empresa saliente deberá participar en las medidas sociales” dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y en la recolocación de personal.

La regulación “deberá garantizar que la posición competitiva de las estibadoras no resulte alterada con respecto a la situación anterior, aplicándose a tal fin la regla de proporcionalidad en atención al volumen de contratación necesario en la actividad de la empresa saliente”.

Fuentes de Asoport han confirmado a este periódico que la patronal ha denunciado el borrador a las autoridades de Competencia de la Unión Europea y España explicando que la iniciativa “es un fraude de Ley”.

Su presidente, Joaquim Coello, ha valorado el borrador como “un disparate, al que nos vamos a oponer. No lo vamos a aceptar”, denunciado que atenta contra la libertad de contratación y de establecimiento.  Asoport es contraria a la subrogación y defiende que no exista prevalencia del CPE sobre una ETT y libertad de salida para las estibadoras que quieran abandonar el CPE.