18/12/2020 TRANSPORTE XXI

La Dirección General de Carreteras rectifica y deja de exigir los certificados de inviabilidad ferroviaria de manera indiscriminada a las empresas del sector.

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha rectificado y permite a las empresas del sector del transporte especial liberarse de las nuevas trabas burocráticas que les había impuesto en los últimos meses.

La Administración ha dejado de aplicar de manera generalizada la ampliación del criterio a la hora de reclamar certificados de inviabilidad ferroviaria a las empresas de transporte especial, lo que provocó la paralización de más de 200 expedientes durante la pasada primavera, tal y como adelantó este periódico. Con los expedientes congelados, los transportistas no podían obtener el necesario informe del titular de la vía, en este caso el Ministerio de Transportes, para tener acceso al otorgamiento por parte de Tráfico de la correspondiente autorización complementaria de circulación (ACC) que les permitiese llevar a cabo el transporte.

“La Administración ha dado su brazo a torcer”, reconoce a TRANSPORTE XXI el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Especial (Astrae), Juan Gatnau. “Se han dado cuenta que era una carga burocrática que no aportaba nada a las empresas”, matiza.

Actualmente, es la propia Dirección General de Carreteras la que hace el filtro, es decir, “gestionan los trámites a través del Adif, decidiendo lo que se puede o no se puede llevar por ferrocarril, con lo que el certificado de inviabilidad ferroviaria ya no nos lo exigen, salvo en casos muy concretos y excepcionales”, confirma Gatnau. Para las empresas del sector del transporte especial, “es una buena decisión” la que ha decidido adoptar la Administración, que ha sabido escuchar las reclamaciones de Astrae.

Como avanzó este periódico, la Subdirección General de Explotación, dependiente de la citada Dirección General, venía exigiendo un estudio de inviabilidad ferroviaria para los transportes especiales de masa máxima (MMA) superior a 300 toneladas, pero hace unos meses decidió ampliarlo a todos los transportes de 6,50 metros de anchura en vías de doble calzada o 5,55 metros en carreteras convencionales y accesos, 45 metros de longitud, 4,85 metros de altura y 170 toneladas de MMA, lo que ahora ha rectificado.

En busca de la armonización de la normativa sectorial

La decisión de la Dirección General de Carretera de dar marcha atrás y no reclamar a los transportistas los certificados de inviabilidad ferroviaria de manera generalizada ha sido bien recibida en el sector del transporte especial. Sin embargo, pese a que es una buena noticia, este episodio “ahonda en la sensación de inseguridad jurídica de las empresas, porque ponen en marcha un cosa que no tiene mucho sentido, aunque luego la quiten. Es un cambio constante en las reglas de juego”, lamenta Juan Gatnau, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Especial (Astrae).

Desde la patronal insisten en la necesidad de que “nos acerquemos más a las normas europeas, que haya unas normativas comunes y unas bases de juego adecuadas”, matiza Gatnau. “Desde Astrae insistimos en la necesidad de apostar por el derecho comparativo. Es clave mirar cómo se hacen las cosas en otros países avanzados”, advierte. La patronal de transporte especial lleva años “denunciando los reinos de taifas en la Administración que tanto afectan a nuestro sector. Ahora, con esto del coronavirus la sociedad lo está comprobando. Es necesaria una coherencia, una uniformidad en las cosas. Un marco que aporte seguridad”, apunta.