El Gobierno, incapaz de adaptar la estiba al nuevo marco jurídico

16/11/2020 TRANSPORTE XXI

Las empresas llevan tres años intentando aprobar un convenio colectivo estatal que acabe con la exclusividad en los puertos españoles.

La liberalización del marco laboral de la estiba continúa sin ser efectiva en España. Es la opinión generalizada de las empresas estibadoras que, además, en el caso de Bilbao, con una huelga que dura más de un mes, denuncian que “las amenazas y coacciones han vuelto a los muelles”.

El negocio, que afronta el cierre de año con “nerviosismo e incertidumbre” ante la caída de los tráficos por la pandemia, se mantiene a la espera del rumbo del V Acuerdo Marco de Estiba, tumbado por tercera vez por Competencia y, en particular, sobre la obligación de la subrogación del personal si una empresa opta por abandonar un Centro Portuario de Empleo (CPE).

Y es que los puertos españoles no logran liberarse del férreo control sindical que supone el sistema de configurar pools para la contratación del personal en los muelles. Es un sistema histórico que ha configurado con el paso de los años un modelo laboral de exclusividad basado en privilegios a cambio de paz social. El propio presidente de PIPE, Gonzalo Alvargonzález, aseguró en una reciente entrevista a TRANSPORTE XXI que “antes del cambio de ley era un monopolio laboral legal, ahora lo es de facto”.

En el mantenimiento del pool como “empresa única” de los trabajadores portuarios reside “una buena parte de los conflictos”, reconocen fuentes empresariales consultadas por este periódico, porque “en el fondo, los sindicatos solo quieren que se articule la preferencia en la contratación por esta vía, y no a través de otras empresas de trabajo temporal que pueden ser más competitivas en precios que el tarifario único del CPE”.

Este es el fondo del conflicto que sucede, por ejemplo, en los muelles del puerto de Bilbao, en huelga desde el pasado 9 de octubre, donde se exige el aumento de la plantilla del CPE, con el antecedente de Avilés en septiembre por idéntico problema, o en el surgido en Valencia con la puesta en marcha de un sistema informático, que los portuarios llegaron a calificar como “un ERE encubierto”.

Las empresas lo tienen claro y tienen que “aprender a jugar” en un contexto donde “los estibadores no quieren perder sus privilegios, porque estos son jornales, son salarios, y para ello la confrontación es su única vía de diálogo. Nosotros tenemos que atender a nuestros clientes, a nuestros propios accionistas, que son las navieras, por lo que tenemos que terminar cediendo”, advirtieron los mismos interlocutores. Mientras, el Gobierno de Sánchez mira hacia otro lado, “incapaz de imponer la legislación”, denuncian.

Los sindicatos “velan armas en cuanto observan que hay aumentos en la contratación externa, a través de personal eventual para las tareas complementarias, o si crecen los doblajes en la plantilla del CPE”, indican las fuentes consultadas. “En puertos como Algeciras, Barcelona o Valencia las bolsas de eventuales terminaron integrándose en los CPE respectivos”, matizan.
Varias autoridades portuarias coinciden en calificar la situación real de la estiba como “una perversión” del marco legislativo, al entender que, en el fondo, lo que sucede es que “se distorsiona el lenguaje para que todo siga igual, perdiendo una oportunidad histórica para reducir costes y apostar por un modelo colaborativo entre empresas y sindicatos, acometiendo una transformación de los puestos de trabajo”.

Seis años de la sentencia

El próximo 11 de diciembre se cumplirán seis años de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que instó a terminar con la exclusividad de las sociedades de estiba, mientras que el pasado 14 de mayo se superó el periodo transitorio de tres años a partir del cual las empresas estibadoras ya tienen libertad completa para la contratación de personal fuera de los CPE.

Sin embargo, la situación se mantiene “sin cambios trascendentes”, según reconoce el propio sector, porque “las empresas han elegido mantener el modelo anterior para asegurar la paz social y la dimensión global de las plantillas, sin afectar a la operativa”.

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