Reto 3: Estiba, un reglamento que rematar y todo un sector que adaptar

09/07/2018 DIARIO DEL PUERTO

De sobra es conocido que Ornella Chacón tomará posesión de su cargo como nueva presidenta de Puertos del Estado con la patata caliente de la reforma de la estiba aún sin resolver del todo.

La moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, desencadenante del relevo al frente de OPPE, se produjo justo cuando estaba a punto de aprobarse el real decreto de desarrollo reglamentario de la reforma de la estiba, llamado a completar la seguridad jurídica de la reforma y, sobre todo, esencial para dar vía a libre a la negociación colectiva, clave para lograr la estabilidad del sector.

El reglamento, pendiente del informe del Consejo de Estado, iba a ver la luz a finales de junio, pero ahora Ornella Chacón tendrá como mínimo la obligación de revisar las alegaciones de esta institución y valorar en su conjunto si el nuevo texto concuerda con la visión de un Partido Socialista que, no lo olvidemos, votó en contra del real decreto ley de reforma.

Se abre por tanto la posibilidad de que se vuelvan a introducir enmiendas y modificaciones como mínimo en el reglamento y que, por tanto, los agentes sectoriales interesados puedan de nuevo insistir en que sus alegaciones sean tenidas en cuenta.

Eso sí, abrir la posibilidad de profundizar en el consenso tiene como efecto contrario un nuevo retraso en la aprobación del reglamento, cuestión que Chacón deberá valorar.

Clave en este sentido será la sintonía que pueda establecer Chacón con los agentes sectoriales, que tienen el duro reto de implementar la reforma. Por un lado, sintonía con ANESCO y, por otro, sintonía con el sindicato mayoritario Coordinadora, cuyos principales líderes no lo olvidemos son canarios y, por lo tanto, conocen perfectamente a Chacón de su etapa como consejera de Obras Públicas en el Gobierno de Canarias y como miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Cualquier susceptible cambio en la reforma deberá tener el visto bueno de la Comisión Europea, que sigue ojo avizor.

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