05/06/2018 DIARIO DEL PUERTO

El cambio de Gobierno deja en una complicada situación a la política portuaria ante todo y sobre todo en un ámbito clave para su competitividad: la estiba.

Tras el agitado proceso de aprobación de la reforma vivido en 2017, hace escasas semanas volvió a tomar cuerpo el conflicto, tras no haberse aprobado aún el real decreto de desarrollo reglamentario y haber culminado el tiempo para adaptar los convenios a la nueva legislación.

Ante la amenaza de huelga por parte de los sindicatos, estos lograron hace apenas dos semanas un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante el reglamento a la mayor brevedad posible y tener seis meses más de plazo para la negociación de los convenios.

Por un lado, estaba previsto que el nuevo reglamento viera la luz a finales de junio, una vez superado el trámite del Consejo de Estado. Por otro lado, la ampliación de los seis meses está incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aún en tramitación en el Senado.

Por tanto, la llegada del nuevo Gobierno supone la paralización automática de la tramitación del reglamento, que queda en el aire, sin olvidar que los convenios están oficialmente caducados a la espera de un aplazamiento que habrá que ver cuándo se concreta en función de la batalla que el Grupo Popular quiera dar en los Presupuestos con su mayoría en el Senado.

No olvidemos que el Partido Socialista votó en su día en contra de la reforma de la estiba y que el reglamento puede ofrecerle una oportunidad de enmendar todo aquello con lo que no esté de acuerdo de la misma.

Por otro lado, habrá que estar muy pendientes de cuál es la actitud que mantiene desde ya el sindicato mayoritario de estiba Coordinadora, pues el cambio de Gobierno le abre la posibilidad de establecer nuevas exigencias y de abrir de nuevo el melón legislativo, vía reglamento o incluso vía cualquier otro tipo de alternativa.

Lo que está claro es que el nuevo responsable de Puertos del Estado (en este organismo también se da por descontado que habrá relevo al frente del mismo) lo primero que hará será mirar con lupa el reglamento y someterlo cuanto menos a revisión antes de permitir su aprobación. Veremos si el nuevo plazo de seis meses más es suficiente y cómo esto afecta al resto de periodos transitorios y si esto es o no puesto en cuestión.

Otro ámbito de enorme trascendencia que queda en suspenso con el cambio de Gobierno es la negociación colectiva del III Convenio de Autoridades Portuarias y OPPE.

Aquí no sólo estará por ver la senda que marca el nuevo equipo de Puertos, sino sobre todo qué establece el nuevo Ministerio de Hacienda en cuanto a la política de contratación pública. En cualquier caso, mientras esto se aclara, el nuevo convenio va a tener que seguir esperando.

Por último, merece la pena mencionar también que el cambio de Gobierno coge en pleno proceso de tramitación al real decreto que regula la actividad de consignatario de buques.

Según fuentes sectoriales consultadas, se está a la espera del pertinente informe del Consejo de Estado. Se confía, eso sí, en que desde la nueva Dirección General de la Marina Mercante no se pongan objeciones.