01/06/2018 CINCO DÍAS

a batalla judicial entre la Diputación de Guipúzcoa y los transportistas de mercancías inicia un nuevo capítulo, esta vez ante el Tribunal Supremo. El detonante es el peaje en tramos vascos de autovías que hasta finales de 2017 eran de tráfico gratuito.

La institución vasca y las Juntas Generales forales han optado por interponer un recurso de casación ante el alto tribunal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que el 9 de abril tumbó la norma foral del pago a vehículos pesados. Los tramos bajo tarifa corresponden a la N-1 (Madrid-Irún) y la A-15 (Autovía Navarra a Guipúzcoa).

Desde Fenadismer, organización que engloba a las pymes del transporte por carretera, se apunta que la norma afecta a más de 10.000 camiones al día, especialmente a los que tienen estas vías como paso obligatorio hacia Europa.

El colectivo recuerda que el recurso de casación debe justificar «interés casacional objetivo» para ser admitido, algo que pone en duda. Fenadismer afirma que la sentencia del TSJ del País Pasco se apoya en la normativa europea sobre tarificación de carreteras y no suscita problema interpretativo alguno.

Mientras se espera la opinión del Supremo, la Diputación ha mantenido el pago por uso, ante lo que distintas asociaciones nacionales de transportistas van a analizar la solicitud de la ejecución provisional del fallo judicial.

Los nuevos peajes son operados por la empresa pública Bidegi, que ha registrado el paso de 1,7 millones de vehículos pesados bajo sus pórticos de control (free flow) entre el 9 de enero y el 30 de abril. La recaudación asciende a poco más de 4 millones de euros, ante lo que Fenadismer anticipa que habrá reclamaciones para su devolución.

Ni un paso atrás
La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide ha venido apoyándose en un dictamen de la Comisión Europea en el que se daría validez al canon implantado por Bidegi como no discriminatorio.

“El canon para camiones ha llegado para quedarse. Se trata de una medida que hemos impulsado para proteger el interés general. Es también un compromiso del inicio de legislatura, después de que las Juntas Generales así lo solicitaran en la anterior legislatura. Y vamos a seguir trabajando intensamente, con toda seriedad y rigor, como hasta ahora, para cumplir este compromiso”, declaró Oiarbide durante una comparecencia el pasado mes de abril para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

“La sentencia no cuestiona que se cobren peajes, aunque sí habla de una discriminación indirecta con los transportistas foráneos, y no estamos de acuerdo con ese último punto. Por ello, estamos trabajando en el recurso y debemos analizarlo y prepararlo minuciosamente para ver cómo vamos a salvar este obstáculo”, dijo entonces la diputada.

Esta escalada de la tensión entre Administración y transportistas era más que previsible y se produce en pleno debate sobre la tarificación de la red de autovías españolas. Se trata, según sus defensores, de armonizar el modelo de pago por uso que ya soportan Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana o Madrid con sus autopistas de peaje. La segunda derivada es que el gasto de conservación de las infraestructuras sería soportado por los usuarios y no por todos los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha sido reacio a abrir el debate de los peajes blandos en carreteras hoy gratuitas ante la reciente crisis económica y la fuerte presión en contra de los transportistas.