03/05/2018 CINCO DÍAS
El proyecto de fusión que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, encomendó a Juan Bravo y Juan Alfaro cuando fueron nombrados presidentes de Adif y de Renfe, respectivamente, sigue en pie, pero con líneas rojas.
Ambos monopolios públicos avanzan en una propuesta de matrimonio que debería desembocar en la creación de un holding ferroviario con negocios bien diferenciados.
Las restricciones las marcan las modificaciones, vía Real Decreto, del Reglamento del Sector Ferroviario que viene de diciembre de 2004 y por el anteproyecto de Ley que remodela la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. El primero de ellos pasa actualmente por la revisión preceptiva del Consejo de Estado.
Se trata, entre otros cambios, de transponer disposiciones de la directiva 2012/34 y de la posterior 2016/2370 del Parlamento Europeo, por las que se establecen las reglas de juego en el espacio ferroviario europeo único.
La norma comunitaria aclara que “en ningún caso podrá producirse una transferencia a los administradores de infraestructuras ferroviarias de los fondos públicos abonados a las empresas a ferroviarias ni a la inversa”. Y exige que los administradores de infraestructuras ferroviarias como Adif y las operadoras como Renfe confeccionen “sus respectivas contabilidades de manera que permita controlar el cumplimiento de la referida prohibición (la no trasferencia de fondos públicos entre empresas), así como el adecuado control de la utilización de los ingresos de los cargos de infraestructura y excedentes de otras actividades comerciales, debiendo llevar y publicar por separado sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias”.
Ante imperativos como estos, y todo un articulado que exige la independencia del Adif, los departamentos de las dos grandes empresas ferroviarias dependientes de Fomento encuentran claras cortapisas para la deseada integración: “Esta no será una fusión entre empresas sino la entrada de las dos en un holding común con claras murallas chinas”, explica un alto cargo familiarizado con la operación.
Por otra parte, existen disposiciones sobre requerimiento de información contable que otorga a la CNMC un papel clave en la supervisión de cuentas en busca de que no se produzcan prácticas contrarias a la competencia como las subvenciones cruzadas, tarifas predatorias y tarifas excesivas, entre las distintas actividades de Adif y Renfe.
También debe asentarse una metodología clara para asignar los costes de la infraestructura y del operador, así como información sobre los pagos entre empresas y la configuración de los cánones. Y se incluye el concepto de “empresa integrada verticalmente”, fijándose requisitos extra que garanticen la citada independencia del administrador de la infraestructura ferroviaria.