23/02/2017 DIARIO DEL PUERTO
A tan sólo 24 horas de que el Gobierno cumpla su compromiso de aprobar mañana en Consejo de Ministros el real decreto de reforma de la estiba, los sindicatos se esforzaron ayer no ya en intentar enmendar dicho decreto sino, ante todo, en batallar porque como mínimo en el mismo se incluya la exigencia y el compromiso de que el pacto que en el ámbito de la negociación colectiva pudieran alcanzar empresarios y trabajadores precisamente afecte y vincule a todos los empresarios y a otros los trabajadores.
Ayer, al cierre de esta edición, patronal y sindicatos se reunían por segundo día consecutivo bajo la presidencia del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, acordando a la finalización del encuentro volverse a ver las caras el próximo martes sin haber realizado grandes avances en la negociación y tras haber mantenido las partes por la mañana reuniones individuales con el mediador.
En el caso del sindicato Coordinadora, más allá de la exposición de las reivindicaciones fundamentales (subrogación y cualificación) dos fueron las peticiones básicas planteadas al mediador.
La primera, que el Gobierno vuelva a aplazar la aprobación este viernes del real decreto dado que los sindicatos consideran que no han tenido tiempo material para negociar con la patronal, tras la dilación en convocarse la primera reunión y la “pantomima” de la reunión del martes, que fue una mera toma de contacto.
En segundo lugar, los sindicatos, lejos de exigir transformaciones en la redacción de un decreto que el Gobierno sigue considerando inamovible, se centraron en plantear una única petición: que se recoja una breve referencia en el real decreto al sometimiento de todos los trabajadores y de todas las empresas al pacto potencial que en el ámbito de la negociación colectiva puedan alcanzar patronal y sindicatos.
El Gobierno ha insistido en las últimas horas que muchas de las demandas sindicales pueden encontrar su respuesta en la negociación colectiva.
Ahora bien, los sindicatos no están dispuestos a cerrar un pacto y dar luz verde a la reforma de la estiba si lo que se acuerda puede únicamente comprometer voluntariamente y, por tanto, termina generando desigualdades en el mercado entre las empresas y entre los trabajadores.
Según fuentes sindicales a las que ayer tuvo acceso este Diario, tanto el sindicato mayoritario de estiba Coordinadora como UGT y CC.OO. están dispuestos a alcanzar pactos que por un lado respeten el real decreto y por otro permitan la subrogación del 100% de los trabajadores y las garantías de la cualificación del personal y la seguridad.
Ahora bien, en un contexto de legislación laboral en el que los convenios de empresa están por encima de los convenios colectivos y en un contexto sectorial en el que con la liberalización entrarán nuevos operadores y nuevos trabajadores que ahora mismo no están representados en las mesas negociadoras, el temor es que patronal y sindicatos alcancen ahora un acuerdo sobre el convenio que luego quede diluido e inaplicado porque las empresas se descuelguen o no se acojan al mismo, generando graves desigualdades y diferencias en las reglas de juego que es precisamente en lo que todas las partes inciden, es decir: en el nuevo mercado todos los operadores, nuevos y viejos, deberán competir en igualdad de condiciones.
Fuentes sindicales subrayaron ayer que ahora mismo la única petición al Gobierno es que se incluya en el decreto una simple línea que comprometa a todas las empresas y trabajadores presentes y futuros a someterse al acuerdo que se pueda establecer en el marco de la negociación colectiva, un extremo que hay que ver si es viable jurídicamente a tenor de la actual legislación laboral.
De no ser posible, la invitación del Gobierno a la negociación colectiva para resolver los desacuerdos con el decreto sería un caramelo envenenado, según los sindicatos, por cuanto el carácter imperativo del decreto contrastaría con el papel mojado del convenio en el nuevo marco laboral.
A este respecto, ahora mismo la única referencia que hay al ámbito de la negociación colectiva en el proyecto de decreto es el del punto primero de la disposición adicional segunda, donde se indica que “en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del real decreto las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo. Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos que incumplan lo previsto en el párrafo precedente, restrinjan la libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la competencia, serán nulas de pleno derecho”, afirma el decreto.