09/02/2017 EL MUNDO

Los estibadores están ya listos para parar los puertos. De entrada dejarán de cargar y descargar mercancías durante las horas impares y en días alternos que comenzarán el próximo lunes. Pero no sólo los puertos se paralizarán si este colectivo deja de realizar sus labores.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar presentó esta mañana en Sevilla, junto a UGT, CCOO, CIG y CGT, su preaviso de huelga en protesta por la futura aprobación del real decreto ley sobre la liberalización de la contratación en la estiba, que el Gobierno debe enviar a Bruselas de forma «urgente», según fuentes de Fomento.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró el pasado lunes que la intención del Gobierno es proteger «al máximo» los puestos de trabajo y los derechos laborales de los estibadores durante el proceso de liberalización. No obstante, Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, reclama «garantías firmes del mantenimiento del empleo a los trabajadores que vienen realizando esas labores y garantías de subrogación». «También queremos que se garanticen los niveles formativos y que se mantengan nuestros derechos», afirma Goya, que recuerda que el sentir en la profesión es que se trata de un Expediente de Regulación de Empleo encubierto.

El primer plazo de los estibadores para un acercamiento concluirá, en principio, con sus paros parciales el viernes 24. Lo que ocurra después se verá. «Todo depende de si el Ministerio opta por presentar o no el decreto o atiende a un diálogo social al que nosotros estamos abiertos», reconoce a EL MUNDO el coordinador del sindicato de estibadores. Más adelante ya se verá.

Se prolongue o no, lo que está claro que afectará a un sector estratégico para España, que canaliza el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país y supone el 20% del PIB.Y es que anualmente por los puertos españoles se mueven mercancías cuyo valor alcanza los 200.000 millones de euros.

La vía marítima es la entrada a España de un importante volumen de mercancías para muchos sectores industriales, en especial para los grandes, como la automoción, la siderurgia o la industria química.

En el caso de la industria química, un sector que incluye a empresas como Repsol Química, Cepsa Química o BASF, el 50% de sus mercancías en España podría verse afectado, según confirma el director general de la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique), Juan Antonio Labat. Se limita al 50% «porque la otra mitad se baja a puerto a través de tuberías, es decir, que no se ve afectado por la descarga de contenedores».

No obstante, los paros, tal cual están planteados -tres días inciales- «no conllevan problemas en general para la industria química», afirma Labat. El colapso en puertos y las mercancías varadas sería gestionable, otra cosa es que se prolonguen en el tiempo».

España es el quinto país europeo en producción química y factura más de 60.000 millones anuales. El valor de la exportación supone 33.000 millones, «pero la mayoría es de Francia y Alemania, y se hace por carretera», confirma el responsable de Fenique. «Fuera de la UE va un 30%, que es la exportación que corre riesgo de perderse»
Las marcas automovilísticas están también haciendo sus previsiones ante unos paros que podrían derivar en algo más serio. Según fuentes del sector, hay plantas como la de PSAen Vigo o Nissan en Barcelona, además de la de Ford en Almussafes, cuya producción podría resultar afectada y podrían estar haciendo acopio de forma especial componentes para sus cadena de montajes.

El papel o el cemento son otras industrias que pueden sufrir complicaciones si los conflictos con los estibadores se enquistan. Pero la gran industria no es la única. La huelga puede suponer también un quebradero de cabeza para las empresas de logística y el sector del transporte. «El aprovisionamiento previo en este caso es complicado porque al ser por vía marítima los envíos llevan un tiempo y no es fácil programar», explican desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

«Más del 25% de la actividad del sector del transporte de mercancías por carretera» se desencadena en los puertos, según el director de comunicación del CETM, José Dulsé. El sector del transporte por carretera factura unos 35.000 millones de euros al año, por lo que sus pérdidas pueden ser importantes. «Rondarían los 20 millones de euros al día» en caso de una huelga completa. De momento, estiman que, al ser en horas alternas, «sólo sacarán la mitad de la mercancía», por lo que calculan que «podrían perderse unos siete u ocho millones». Pero destacan que el mayor perjuicio es para el cliente final de la carga.

La estiba en España
La estiba es la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en diciembre de 2014 a una multa de 21,5 millones por mantener un sistema en el que las empresas estibadoras deben ser socias de las Sociedades de Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep) y no pueden acudir al mercado sino que están obligadas a contratar exclusivamente a trabajadores que sean miembros de dichas Sagep.

La normativa en proyecto, cuya aplicación cuenta con un periodo de transición de tres años, propone la libertad de contratación y la no obligación de las empresas de ser parte de una sociedad que suministra los trabajadores. Para ello se crearían sociedades de trabajo temporal (por las características de eventualidad de la profesión) y centros portuarios de empleo, para dar carácter estable al mismo. Respecto a la formación, recoge la necesidad de una cualificación profesional de los títulos para desempeñar la estiba, que se podrá suplir con una experiencia de 100 jornadas de trabajo. Además, posibilita la entrada de estibadores de la UE en el mercado español.

El Gobierno argumenta que la modificación de la Ley de Puertos que han previsto no sólo cuenta con el apoyo de la patronal de la patronal de empresas estibadoras Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) y de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (Pipe), una asociación que aglutina a los grupos empresariales más relevantes del sector portuario, sino que debe estar lista cuanto antes para evitar otra nueva multa a razón de 134.000 euros diarios por incumplimiento de la anterior condena.