24/09/2025 DIARIO DEL PUERTO
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso da un nuevo paso en la tramitación del proyecto de ley de Movilidad Sostenible, al aprobar el informe de la ponencia con el respaldo del Gobierno y sus principales socios parlamentarios. El texto, que ahora se eleva al Pleno, incorpora más de una treintena de modificaciones, fruto de las enmiendas introducidas por Sumar, Junts, PNV, BNG, Coalición Canaria e incluso el PP, pese a la oposición inicial del PSOE a varias de estas propuestas.
El resultado de la votación es de 20 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG a través del Grupo Mixto), frente a 17 en contra, correspondientes a PP y Vox.
Durante su paso previo por ponencia, el proyecto ya había incorporado más de 130 enmiendas de los distintos grupos. Con la última revisión en comisión, se añaden más de treinta cambios normativos que refuerzan el alcance del texto. La posición del PP resultó clave en esta fase, al permitir la entrada de propuestas que el PSOE rechazaba, pese a que finalmente los populares votaron en contra del informe.
El texto llegará ahora al Pleno del Congreso, donde los grupos podrán defender sus enmiendas y negociar nuevas transacciones. La atención estará puesta en Podemos, que hasta el momento se ha mostrado contrario a la norma por considerar que carece de ambición en la lucha contra el cambio climático. Su posición puede resultar determinante: una alianza de la formación morada con PP y Vox podría poner en riesgo la aprobación definitiva de la ley, pendiente desde la pasada legislatura.
Uno de los puntos que más interés despierta en el ámbito del transporte terrestre es la garantía de que no se eliminarán paradas en el mapa concesional de autobuses en zonas rurales sin alternativas de movilidad. La norma obliga a mantener conexiones en estos entornos, y en caso de que las comunidades autónomas asuman competencias delegadas, se prevé una compensación económica por parte del Estado.
La ley también introduce nuevos requisitos para las estaciones de servicio con el fin de impulsar la movilidad eléctrica. A partir de 2025, aquellas gasolineras que vendan más de diez millones de litros de gasolina y gasóleo al año deberán disponer de un grupo de recarga eléctrica de al menos 400 kW de potencia total, con un punto individual de 150 kW.
A partir de 2027, la obligación se ampliará: las instalaciones afectadas deberán contar con grupos de recarga de 600 kW, manteniendo al menos un punto de 150 kW en corriente continua.
Además, se han aprobado enmiendas de Sumar para mejorar la información digital sobre la ubicación y operatividad de los puntos de recarga, y de Junts para impulsar su despliegue en la red viaria. El PP, por su parte, ha introducido una medida que obligará al Gobierno a diseñar un plan de renovación del parque móvil, con incentivos para la compra de vehículos de cero o bajas emisiones y la retirada de los más antiguos.
Otra de las novedades destacadas es la obligación de reforzar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con objetivos concretos de reducción de emisiones del transporte para 2030 y 2040 respecto a los niveles de 1990. Estos objetivos solo podrán revisarse al alza.
En paralelo, la ley establece que en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor el Gobierno deberá proponer medidas para incrementar la penetración de energías renovables en el transporte y reducir la intensidad de emisiones del sector.
En el ámbito portuario, la norma fija que antes de 2030 el suministro eléctrico alternativo deberá estar disponible en las terminales de pasajeros y de portacontenedores de los puertos de la red RTE-T, extendiéndose posteriormente a otras instalaciones que así lo acuerden sus autoridades portuarias.
El proyecto también amplía las obligaciones de las compañías en materia de planes de movilidad sostenible. Si hasta ahora la exigencia se aplicaba a empresas de más de 500 trabajadores (o de 250 por turno), el umbral se reduce a 200 empleados en total o 100 por turno.
Estos planes deberán incluir medidas de movilidad activa, fomento del transporte colectivo, impulso de la movilidad eléctrica y soluciones compartidas, además de acciones de seguridad y prevención de accidentes en los desplazamientos al trabajo.
Compensaciones a Canarias y Baleares y apoyo al ferrocarril
Entre las disposiciones económicas, la ley contempla asignaciones de 120 millones de euros para Canarias y 63 millones para Baleares, con el fin de financiar el descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en ambas comunidades.
Asimismo, se incluye un régimen transitorio de aportaciones destinadas a apoyar el transporte ferroviario de mercancías, compensando las perturbaciones derivadas de las inversiones en la Red Ferroviaria de Interés General.
Con estas incorporaciones, el proyecto de ley de Movilidad Sostenible marcará nuevas obligaciones para operadores logísticos, empresas de transporte y gestores de infraestructuras, al tiempo que refuerza los compromisos del país en materia de transición energética y reducción de emisiones.
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