11/09/2025 EL MERCANTIL
Exportadores extranjeros e importadores estadounidenses intentan eludir el control en las industrias sujetas a derechos antidumping

El programa de seguridad de la cadena de suministro CTPAT, creado por las Aduanas de EEUU tras los atentados del 11-S de 2001, ha emitido un comunicado alertando de lo que califica como “un notable aumento” en la actividad de transbordo ilegal de mercancías. La propia agencia pública define el transbordo como el proceso de transferir mercancías de un buque o puerto a otro durante su trayecto. Si bien el transbordo en sí mismo es legal y común en la logística del comercio mundial, se convierte en ilegal cuando se utiliza de forma engañosa para eludir derechos, sanciones o restricciones comerciales. Como es el caso, aseguran las aduanas del país norteamericano, puesto que los exportadores extranjeros y los importadores estadounidenses intentan eludir las medidas de control comercial mediante los transbordos. Esta tendencia es particularmente frecuente en las industrias sujetas a elevados derechos antidumping y compensatorios, así como a aranceles sobre los productos de origen chino, sostiene la Administración de EEUU.
Los exportadores envían los productos a través de terceros países para ocultar el país de origen y evitar impuestos
De conformidad con la Ley de Modernización Aduanera de Estados Unidos de 1993, “los importadores y/o exportadores estadounidenses están legalmente obligados a actuar con la debida diligencia en todas las transacciones aduaneras para garantizar la exactitud de toda la información presentada en su nombre por sus agentes y corredores designados”. Por lo tanto, los importadores y exportadores están obligados a revisar la exactitud de todos los documentos y declaraciones preparados o presentados ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) u otras agencias gubernamentales. En concreto, según la CTPAT, los transbordos ilegales se han utilizado para eludir sobre todo derechos antidumping. “Los exportadores envían los productos a través de terceros países para ocultar el país de origen original, especialmente cuando ese país está sujeto a derechos o cuotas elevados”.
Tal es el caso de China, que se enfrenta a elevados aranceles estadounidenses. La asociación aduanera pone como ejemplo la posibilidad de que una empresa china fabricante de muebles “envía su producto a Vietnam en lugar de enviarlo directamente a Estados Unidos”. Una vez en Vietnam, el producto se vuelve a etiquetar como fabricado en Vietnam y las mercancías se exportan a los Estados Unidos como productos vietnamitas para evitar los aranceles estadounidenses. Precisamente la elusión de los aranceles es la otra estrategia más común, y de nuevo, son especialmente relevantes los casos en los que están involucrados los productos procedentes de China, “donde los exportadores intentan reetiquetar los productos de origen chino como procedentes de países que no aplican dichos aranceles”.
Las industrias del acero y el aluminio, textil, automovilística y sus componentes son objeto de estas prácticas
Otras prácticas comunes son el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio por parte de “algunos agentes malintencionados”, que “intentan reclamar falsamente un trato arancelario preferencial” mediante certificados de origen fraudulentos o un procesamiento mínimo. También se han detectado actividades como la subvaloración intencionada de las mercancías, la clasificación errónea de las mismas o la declaración de cantidades incorrectas para reducir la deuda aduanera. “Estas prácticas engañosas socavan las leyes comerciales de Estados Unidos distorsionan la competencia leal en el mercado y suponen un riesgo para la integridad de las cadenas de suministro mundiales”.
En respuesta a ello, la Oficina de Aduanas de Estados Unidos (CBP) ha intensificado las operaciones de control, ha aumentado las auditorías de la cadena de suministro y ha aprovechado su autoridad en virtud de la Ley de Aplicación y Protección para investigar los planes de evasión. “La CBP sigue colaborando estrechamente con socios nacionales e internacionales para identificar, desarticular y sancionar las operaciones de transbordo ilícitas”, aseveran. “El transbordo ilegal puede parecer una estrategia inteligente, pero es una violación de la ley y conlleva riesgos y costes importantes”, mantiene la entidad, ya que, aunque el transbordo ilegal puede reportar beneficios a corto plazo a las empresas, “los riesgos y los costes superan con creces las posibles ganancias”.
Además, una vez que se descubre el transbordo ilegal, “la reputación de la empresa puede sufrir un daño significativo, la confianza de los clientes puede disminuir y la cuota de mercado puede reducirse”. Asimismo, las aduanas alertan de que la complejidad del transbordo ilegal también aumenta la incertidumbre en la cadena de suministro, lo que puede provocar interrupciones que afecten al funcionamiento normal de una empresa. Los servicios aduaneros desglosan en su alerta un conjunto de industrias y productos que suelen ser objeto de prácticas ilegales de transbordo, como el acero y el aluminio, el sector textil, el sector automovilístico y sus componentes, la electrónica, los paneles solares o la agricultura.
Desde la agencia pública de EEUU se realiza igualmente un llamamiento para que los actores implicados en los flujos comerciales sigan investigando a sus proveedores extranjeros, asegurándose de que cumplen los criterios mínimos de seguridad del programa CTPAT y estableciendo relaciones con proveedores y socios comerciales, “todos ellos componentes de una primera línea de defensa contra esta y otras prácticas ilegales”. Asimismo, pide a los miembros que cuenten con procedimientos de notificación cuando se detecte una anomalía y que comuniquen cualquier actividad sospechosa. “Si se descubre que un miembro ha participado en prácticas ilegales de transbordo, esto tendrá consecuencias, entre las que se incluyen la posible suspensión o expulsión del programa”, advierte el organismo.

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