Luz verde definitiva al reglamento de puertos

15/12/2016 DIARIO DEL PUERTO

logo-parlamento-europeoTras el debate del lunes, el Parlamento Europeo dio ayer luz verde definitiva al reglamento europeo por el que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos, quedando ya sólo pendiente el trámite de la ratificación del Consejo Europeo.

Una vez que a comienzos de 2016 el Parlamento Europeo introdujo enmiendas en el texto y se hizo una aprobación parcial en primera lectura, se decidió remitir el reglamento al procedimiento de trílogo para buscar un acuerdo entre Parlamento, Comisión Europea y Consejo.

Tras concretarse este acuerdo a finales de junio, el Parlamento Europeo votó ayer en bloque el texto acordado y aprobado por sus representantes, dando luz verde definitiva al nuevo marco legislativo portuario, pendiente ya únicamente del visto bueno último del Consejo, lo que se considera un trámite al tener que ratificarse igualmente el texto acordado en su día.

De esta forma se logra por fin un acuerdo de mínimos en materia de legislación portuaria a nivel europeo, eso sí, histórico tras los diversos intentos de las últimas décadas.

Según señaló ayer el eurodiputado alemán y ponente Knut Fleckenstein, lo más sustantivo es que “las tasas que los puertos cobran a las navieras y las subvenciones que reciben de los gobiernos serán más claras gracias a las nuevas normas aprobadas”.

“Tras 15 años de discusión, hemos logrado un acuerdo: es posible mantener los modelos de gestión existentes y, por primera vez, se pone el foco en las condiciones laborales, un factor clave en la competitividad de los puertos y que en ningún caso estamos dispuestos a negociar”, señaló Fleckenstein.

“La transparencia financiera es un elemento central del acuerdo, lo que debe facilitar el trabajo de la Comisión para un régimen coherente sobre ayudas de Estado e impulsar al mismo tiempo la inversión en puertos”, añadió el eurodiputado.

La falta de una normativa clara sobre la financiación pública de infraestructuras portuarias y sobre las tasas que pagan los usuarios limita las inversiones, según la Comisión. Las nuevas reglas, que fueron aprobadas ayer con 546 votos a favor, 140 en contra y 22 abstenciones, pretenden aumentar la eficiencia y atractivo de los puertos comunitarios.

300 puertos
El reglamento, que se aplicará a más de 300 puertos marítimos de la red transeuropea de transporte, obligará a los puertos a especificar en su contabilidad las ayudas públicas recibidas y a mejorar la transparencia en la fijación de los costes por el uso de los servicios y las infraestructuras. Las autoridades nacionales también deberán garantizar un procedimiento eficaz para la tramitación de reclamaciones.

Para garantizar servicios de alta calidad, las normas incluyen disposiciones para asegurar que los proveedores de servicios portuarios facilitan a sus empleados la formación necesaria, haciendo hincapié en la seguridad y la salud. La exigencia de formación deberá revisarse regularmente para adaptarse a las innovaciones tecnológicas.

El reglamento no impone un modelo específico de gestión, pero sí establece condiciones si los operadores quieren imponer requisitos mínimos a los proveedores de servicios de remolque, amarre, almacenamiento de combustible, y recogida de residuos generados por los buques, o restringir el número de proveedores de estos servicios.

Los servicios de manipulación de carga y de transporte de pasajeros estarán sujetos a las normas de transparencia financiera, pero estarán exentos de las relativas a la organización de los servicios portuarios.

Fijación de tasas
El texto inicial del reglamento comportaba un alto grado de incertidumbre para España pues amenazaba con implicar una reforma del régimen de fijación de las tasas portuarias.

Finalmente, el acuerdo alcanzado a finales de junio matizó la autonomía total que se daba a cada organismo gestor de los puertos en la fijación de las tasas portuarias, contemplando ahora que las mismas también deberán responder a la política general de puertos de cada país, como queda garantizado en España a través del Organismo Público Puertos del Estado.