05/12/2024 EL MERCANTIL
El próximo 30 de diciembre es el día inicialmente fijado como fin de plazo para la aprobación en sede parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que el Gobierno de España prometió a Bruselas tener lista antes de finales de este año. Sin embargo, los actores de la logística, la cadena de suministro y el transporte ven completamente imposible que, a estas fechas, se cumpla dicho objetivo. De hecho, dan directamente por perdida una fecha separada por tres semanas del día de hoy. Algunas voces del sector apuntan a que la aprobación definitiva podría darse durante el primer trimestre de 2025 sin que de momento haya confirmación oficial por parte del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. De la aprobación de esta normativa y de su entrada en vigor depende la recepción del quinto paquete de fondos europeos de recuperación, cifrado en 6.500 millones de euros.
Los cargadores de ACE aseguran que, según el ministerio de Transportes, “existe cierta flexibilidad en los plazos”
La nueva calendarización no ha llegado, sin embargo, por igual a todas las asociaciones representantes de las diferentes modalidades de transporte y logística. En la Asociación de Cargadores de España (ACE) sí consta la referencia al primer trimestre del año que viene, pero su secretaria general, Nuria Lacaci, advierte que se trata de una información que le llegó “por una conversación informal”, sin que haya trascendido confirmación oficial del ministerio. Pese a la exigencia de Bruselas de tener esta moratoria aprobada antes de final de año, el mensaje que le llega a esta asociación de cargadores es que “existe cierta flexibilidad en los plazos”. También a la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) le han expresado ese mensaje desde fuentes ministeriales. “Este año, desde luego, no va a estar y la ley se aprobará presumiblemente en el primer trimestre de 2025”, confirma el presidente de la asociación ferroviaria, Juan Diego Pedrero.
Esta publicación se ha puesto en contacto esta misma semana con el ministerio de Transportes sin que le haya sido posible confirmar esta fecha. Del otro lado se encuentra la carretera y los actores de última milla, que directamente aseguran no tener ningún tipo de información al respecto. Ni la patronal logística UNO ni la Asociación Española de Mensajería (AEM) han recibido informaciones concretas ni oficiales ni extraoficiales, según han confirmado fuentes de ambas entidades. Por su parte, el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, afirma que “a mí personalmente, no me ha llegado absolutamente nada”. Desde el sector del transporte por carretera se apunta a la posibilidad de que la norma haya perdido importancia frente a otras eventualidades, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o la gestión de la DANA de Valencia, aunque González no descarta que el ministerio continúe trabajando en la ley en la sombra.
La ley se tramitó la pasada legislatura y quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales
A 26 días de que termine el año, y según ha informado esta semana el diario 20 Minutos, todavía no hay convocatoria formal en el Congreso de los Diputados para votar las 700 enmiendas que se han presentado al texto original, que forma parte del Plan de Recuperación y que aún cuenta con falta de apoyos parlamentarios. Aunque El Mercantil ha cuestionado al ministerio de Transportes acerca de esa cuantía de enmiendas, a día de hoy no ha recibido respuesta. La ley comenzó a tramitarse por primera vez durante la legislatura pasada y su andadura parlamentaria se detuvo con la convocatoria electoral del 23 de julio de 2023. A principios de este año, en febrero, el Gobierno la volvió a sacar a la palestra con la intención de volver a retomarla y la intención era enviarla a las Cortes Generales con carácter de urgencia. El texto seguía siendo el mismo, puesto que ya había habido consenso previo en la Cámara Baja en torno a ella, lo cual facilitaba su aprobación de forma rápida.
Sin embargo, en septiembre de este año el Grupo Parlamentario Popular presentaba una enmienda a la totalidad del texto, es decir, proponía que el proyecto de ley volviera al Ejecutivo para redactarlo entero de nuevo, aludiendo a que la norma no establecía “objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España”, según justificó el PP en su momento. Además, aludió a que la iniciativa “hace una vaga referencia a los objetivos fijados a nivel europeo o internacional, pero a lo largo del articulado no se establecen medidas concretas para alcanzar los objetivos”.
El plazo de presentación de enmiendas se cerró en noviembre, lo que hace imposible la aprobación en 2024
Cuando se presentan enmiendas a la totalidad de un texto, éste vuelve al Congreso de los Diputados, donde se decide, por mayoría simple, si se aprueba o no el nuevo texto y se acaba con su tramitación parlamentaria. Y eso es lo que ocurrió en octubre, cuando el pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular contra el proyecto de ley, permitiendo que continuara hacia el Senado con 176 votos en contra de dicha enmienda, 168 a favor y una abstención. Sin embargo, el plazo de presentación de enmiendas continuaba abierto hasta noviembre, por lo que, por una mera cuestión de formalidades parlamentarias, ya es prácticamente imposible ver este año esta ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por todo ello, desde esta publicación también se ha preguntado al ministerio de Transportes si mantienen la misma hoja de ruta que hasta ahora, o si ésta ha variado en algo; así como si existen o van a existir contactos con la Comisión Europea para explicar la situación y para pedir más tiempo en aras de evitar un corte de fondos europeos. El departamento que dirige Óscar Puente tampoco se ha pronunciado respecto a estas cuestiones.
La Ley de Movilidad Sostenible busca transformar el sector del transporte en España hacia un modelo más sostenible con objetivos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire. En su articulado, de 109 puntos, el texto contempla el empleo de un transporte multimodal “eficiente y resiliente”. En concreto, cuenta con cuatro objetivos. El primero es la colaboración entre las comunidades autónomas, el Estado y los municipios en materia de transporte. El segundo es la descarbonización, para la cual el Ejecutivo desplegaba toda una estrategia de apuestas por las autopistas ferroviarias, las bonificaciones y ecoincentivos y el transporte intermodal ferroportuario. Por otro lado, el tercer objetivo es la eficiencia en el gasto en materia de infraestructuras; y el cuarto radica en la digitalización y el apoyo a la innovación, así como en la rendición de datos por parte de las empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones.
“Se considera el transporte de mercancías como un servicio indispensable para la sociedad, por lo que se implementarán las medidas adecuadas para que aumente su eficacia y competitividad y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor”, asevera el texto. Asimismo, la normativa incluye varios apartados referentes a la última milla, entre ellos, la tramitación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o todo el proceso de digitalización de los documentos de acompañamiento y cartas de porte, que enlazan posteriormente con otros documentos y procesos de digitalización, tales como el e-CMR. El pago por uso de carreteras quedó fuera del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
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