26/09/2024 20.MINUTOS
El Gobierno volverá a depender este jueves del voto de Junts para salvar la Ley de Movilidad Sostenible, que se comprometió con Bruselas en tener aprobada antes de final de año, de la que dependen fondos europeos y que podría descarrilar definitivamente si prospera la enmienda a la totalidad del PP que se votará en el Congreso esta mañana. Este miércoles, el Gobierno todavía intentaba amarrar los apoyos necesarios para que no salga adelante, mientras que Vox y Junts, los posibles aliados de los populares en la votación, descartaban revelar el sentido de su voto.
La Ley de Movilidad Sostenible contempla distintas medidas para promover la descarbonización del transporte urbano y para poner a las personas «en el centro» mediante fórmulas alternativas al coche, como el impulso a la bicicleta o la peatonalización, fomentar el vehículo compartido o la posibilidad de que los alcaldes que lo deseen pongan peajes urbanos. Según algunas de sus disposiciones, los ayuntamientos deberán elaborar planes de movilidad sostenible, donde las zonas de bajas emisiones serán puntos clave y obligará a las empresas de a partir de 250 trabajadores a diseñar también planes de movilidad para sus empleados.
Se trata de una norma importante, que el Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Recuperación y Resilencia como uno de los hitos que se comprometía a alcanzar -en este caso, con su aprobación antes de final de año- para que España recibiera fondos Next Generation. Sin embargo, este jueves podría descarrilar y decaer si prospera la enmienda a la totalidad del PP.
Minoría parlamentaria y dependencia de Junts
En términos más amplios, supone una nueva prueba de fuego para el Gobierno, a quien de nuevo le podrían falta votos para una mayoría que salve una ley, que, de nuevo, todo apunta a que volverá a depender de Junts. El Gobierno hizo un primer intento de aprobar la Ley en la legislatura pero decayó por el adelanto electoral del 23-J. Para conseguir tenerla a tiempo, el Consejo de Ministros volvió a aprobar el mismo proyecto de ley en enero, para aprovechar el «consenso» que el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que se había cosechado entre los grupos parlamentarios, que ya habían pasado incluso a la fase de enmiendas parciales, de las que se presentaron casi mil. Sin embargo, a medida que se enconaba el ambiente político crecían los reparos en la ley, hasta que, en el último momento, el PP presentó la semana pasada una enmienda a la totalidad que dejó «perplejo» a Puente.
Para esa fase, el ministro Puente ofrece «mano tendida» a los grupos parlamentarios para negociar enmiendas parciales. Pero, para eso, el texto deberá superar este jueves la votación de la enmienda a la totalidad del PP. Si prospera, el proyecto de ley decaerá definitivamente.
Teniendo en cuenta la aversión que provoca en Vox cualquier medida relacionada con restringir el tráfico en las ciudades o supeditada a lo que califica de «delirios climáticos», es previsible que los de Santiago Abascal voten a favor de la enmienda a la totalidad del PP. En ese caso, los siete diputados de Junts volverán a ser la llave para que la ley continúe su tramitación o para que decaiga definitivamente y se reduzcan notablemente las posibilidades de que el Gobierno cumpla con este hito del Plan de Recuperación. En ese caso, los de Carles Puigdemont asestarían otro golpe al Gobierno, que este martes decidió retirar la votación, también prevista para este jueves, de la senda de estabilidad, el primer paso para los Presupuestos Generales del Estado, por faltarle el apoyo clave de Junts. También en ese caso, el PP se apuntaría otro tanto parlamentario frente al Gobierno, dejándole sin una mayoría para otro proyecto legislativo.
Horas antes de la votación, la sensación entre el Gobierno y entre fuentes parlamentarias era que la Ley de Movilidad Sostenible podría superar el trámite de la enmienda a la totalidad, aunque sin garantías, porque Junts ya ha demostrado que puede tanto negarse en banda a apoyar una ley del Gobierno como desdecirse en el último momento y retirar su apoyo, como sucedió la semana pasada cuando su cambio súbito del sí al no impidió empezar a tramitar la ley para limitar el alquiler temporal.