31/10/2023 EL MERCANTIL
Las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías y de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid (ATA, ATG, CETM-Madrid, Fenadismer Madrid y AETRAM) han celebrado esta mañana la marcha lenta convocada la semana pasada como protesta por la prohibición de acceso a gran parte de estos vehículos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Madrid, que se hará efectiva el próximo 1 de enero de 2024. Esta protesta ha coincidido con el pleno del consistorio en el que se iba a debatir una proposición municipal de Vox sobre este asunto para una nueva moratoria, que finalmente ha sido rechazada.
El Ayuntamiento ha rechazado en pleno una moratoria que extendía los permisos hasta 2029
La propuesta de Vox sugería que los vehículos pesados accedieran al distrito centro y las ZBE hasta enero de 2029 y los vehículos ligeros, hasta 2027. Después del pleno, Martínez-Almeida ha confirmado que los vehículos con distinción B no podrán circular por el centro, salvo excepciones. “Pueden circular por el centro si tienen una invitación del comercio al que tienen que repartir los productos que transportan o si entran en un parking que sirva para la distribución de última milla”, ha explicado el alcalde. Y a esto ha añadido que “no podemos dar más moratorias porque la justicia nos ha tumbado la que dimos para 2023”.
En la marcha han transitado más de un centenar de camiones, autocares y furgonetas que han recorrido el Paseo de la Castellana desde Atocha y han terminado en Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid. Las asociaciones protestan por la exclusión de acceso a los vehículos profesionales a las ZBE, en concreto los vehículos de reparto con distintivo B, así como por las limitaciones horarias de desarrollo de su actividad establecidas en dichas áreas. Igualmente, exigen al equipo municipal del alcalde José Luis Martínez-Almeida un calendario “racional y realista” para adaptar los vehículos profesionales a las exigencias de descarbonización de la Unión Europea (UE), así como de acceso de estos vehículos al centro de la ciudad, que evite la “expulsión” de lo que cifran entre el “60% y el 70% de la flota actual, tanto de mercancías como de viajeros”.
“La infraestructura no está preparada ni adaptada, estamos hablando de un plan de ciencia ficción”
Juan José Gil Secretario general de Fenadismer
En opinión del secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, la inversión en vehículos de cero emisiones tampoco sería suficiente para cumplir los plazos. “Aunque se hiciera una inversión millonaria, la infraestructura de Madrid no está preparada ni suficientemente adaptada para la recarga de vehículos eléctricos”. Insiste en que los camiones de reparto de última milla no disponen de puntos de recarga eléctrica, por lo que acusa al ayuntamiento de ejecutar un plan “de ciencia ficción”. Además, Gil señala que “la propia UE es consciente de ello y por ello ha trasladado la entrada en vigor de las políticas de medioambiente a 2027”, así que “lo menos que podría hacer el ayuntamiento es ser coherente y retrasar sus plazos también a 2027”.
“Sabemos que hay un problema medioambiental y podemos hacer esfuerzos, pero milagros no”
Antonio Villaverde Presidente de ATA
Las asociaciones convocantes consideran las medidas propuestas en Madrid 360 (lo que en periodo de la alcaldesa Manuela Carmena era Madrid Central) como “absolutamente irracional”, ya que en la práctica supondría eliminar vehículos de transporte con menos de 10 años de antigüedad, según denuncian. “Somos conscientes de que hay un problema medioambiental y de que tenemos que hacer esfuerzos. Y esfuerzos podemos hacer, pero milagros no”, se queja el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), Antonio Villaverde. Cree que con la petición de aplazamiento de tres años de la moratoria, “nos será más fácil y quien pueda adaptarse, se adaptará, y quien no, dejará el trabajo”.
Las asociaciones también se han manifestado en contra de lo que denuncian que es “una conformidad excesiva” del Ayuntamiento de Madrid con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este tribunal declaraba nula la moratoria que aprobó el ayuntamiento en diciembre de 2022 por la que se prolongaba el acceso de este tipo de vehículos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el 31 de diciembre de este 2023, y para ello se apoyaba en que la normativa se incluyó en la Ordenanza Municipal de Limpieza, que nada tiene que ver con el cometido de los vehículos de mercancías, en lugar de modificar la Ordenanza de Movilidad Sostenible, donde sí habría tenido cabida. Es el resultado, según Juan José Gil (Fenadismer) “de hacer las cosas tarde y mal”.
El transporte pide modificar la Ordenanza de Movilidad y una nueva reunión con el ayuntamiento
En este extremo, coinciden todas las asociaciones convocantes de la protesta, “la sentencia del TSJM ha triunfado por defecto de forma, pero no por defecto de fondo”, según apunta Antonio Villaverde (ATA). Si bien la decisión del tribunal hace referencia a la falta de homogeneidad entre el proyecto de ampliación de la moratoria y la ordenanza en la que fue incluida, las asociaciones de transporte matizan que en ningún caso la sentencia señala que el plazo de tres años sea inadecuado. “La sentencia no nos quita la razón”, insiste Antonio Villaverde. Por ello, los transportistas piden modificar la Ordenanza Municipal de Movilidad y a mantener una nueva reunión con el sector. “En la última nos dimos contra una pared”, denuncia Villaverde.
Las asociaciones tildan a Almeida de “ultraecologista” y Fenadismer le acusa de querer “maquillar” el proyecto de Madrid Central, que se comprometió a eliminar cuando llegó a la alcaldía. De momento, en palabras de Juan José Gil, el sector va a mantenerse a la espera durante los dos meses que restan para acabar el año para observar cómo decide actuar el consistorio, pero advierte de que “o toma una decisión urgente o va a tener un problema el 1 de enero”.
