La Comunidad de Madrid saldrá de la sociedad del CT de Coslada a lo largo de 2024

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras a este Diario, que ya informó en el mes de marzo del año pasado que la Comunidad de Madrid estaba decidida a dejar su participación en el CTC a través de la venta de su 51% tras haber cumplido con su cometido, que era el de “construir un centro de transportes puntero y un modelo para Europa”.

Por ello, la privatización de la sociedad del Centro de Transportes de Coslada es una realidad, puesto que, independientemente de lo que decidan hacer la Cámara de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de Coslada, el accionista mayoritario es la Comunidad de Madrid, que está decidido a vender su porcentaje al sector privado. “Lo ideal sería que el CTC estuviese gestionado por los propios empresarios y quién mejor que la Cámara de Comercio”, señaló durante su entrevista con este Diario el director del CTC, Eduardo San Román. Ante esta decisión, y con la entrada en la dirección de San Román, se iniciaron una serie de acciones orientadas a mejorar el atractivo del CTC para el sector privado.

Con la culminación de este proceso de renovación, la sociedad pública ha dado el último paso necesario para la venta del CTC, que es la realización de una auditoría para conocer el estado de la compañía. En este sentido, el 3 de diciembre de 2022 se publicó en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el pliego de licitación, cuyas solicitudes finalizaron el 2 de enero. Según se detalla desde la Consejería, está previsto que la auditoría esté licitada “en las próximas semanas” y se ha publicado con el objetivo de “conocer en profundidad el estado de la sociedad, tanto económica como urbanísticamente”.

Más concretamente, el “due diligence integral” del CTC, tal y como se detalla en el pliego, consistirá en “la realización de una exhaustiva revisión financiera, fiscal y legal, incluyendo todo aspecto regulatorio, societario, contractual, mercantil, laboral, administrativo, civil, inmobiliario, registral o hipotecario, inmobiliario y urbanístico del CTC”.

Asimismo, se incluye “la identificación de los posibles riesgos o contingencias financieras, fiscales o legales, y la asistencia en la subsanación, regularización y, en su caso, reestructuración y transformación de todos los aspectos necesarios de la compañía pública, con el fin de maximizar y determinar, con la mayor precisión y transparencia, la valoración de la compañía”.

Según se detalla en el texto, el presupuesto de licitación es de 181.500 euros y la duración del contrato de 18 meses, lo que llevaría a la finalización de la auditoría en el primer semestre de 2024. De manera orientativa, se podría decir que será entre junio y septiembre cuando se formalice la venta del accionariado de la Comunidad de Madrid ya que, desde la Consejería se asegura que, aunque de momento y de manera formal no se han presentado propuestas de venta porque todavía no se han iniciado los trámites para hacerlo posible, “de manera informal sí tenemos constancia de que puede haber alguna empresa interesada”.

Por otro lado, como ya explicó este Diario, el CTC se encuentra en una “situación complicada” con el Ayuntamiento de Coslada ante el pago del derecho de superficie al consistorio.

Tal y como explicó San Román, cuando se constituyó la sociedad, la Comunidad de Madrid realizó una concesión administrativa a la empresa, que llevaba aparejada un canon de unos 400.000 euros que respondían a los derechos de superficie, que el CTC debía pagar al Ayuntamiento de Coslada.

A día de hoy, y tras haber vendido casi todo el suelo del Centro, el CTC considera que “la concesión ha decaído porque los derechos de superficie ya no existen, ya que se vendieron todas las superficies que teníamos, traspasando la titularidad”, explicó, añadiendo que “el Ayuntamiento de Coslada nos sigue girando ese canon por esa concesión administrativa que ya no existe”.

Ante esta situación que “no se ajusta a la realidad” el CTC ha presentado cuatro contenciosos contra el Ayuntamiento de Coslada, uno por cada año que se ha girado ese canon cuando los derechos de superficie ya no existían, explican desde la Consejería.