08/07/2016 EL VIGÍA
El Ejecutivo francés ha aplazado la aplicación de los requisitos establecidos en el Decreto 2016/418 por la que se desarrolla la Ley Macron, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de julio, hasta el próximo 22 de julio. De esta forma, los trabajadores desplazados en Francia que realicen operaciones de cabotaje y transporte internacional de mercancías por carretera tendrán dos semanas más para adaptarse a los requisitos demandados. Hasta el 22 de este mes, la labor de los Agentes de control franceses será meramente informativa en relación a las reglas exigidas sin sancionar, tal y como ha informado la Dirección General de Transporte Terrestre.
Las reacciones en el sector no han tardado en producirse. La Asociación de Transporte Internacional de Carretera (Astic) ha reaccionado positivamente y ha resaltado la presión ejercida por las diferentes asociaciones del transporte europeas, entre las que cita la propia patronal española, el ministerio de Fomento y la Comisión Europea. “El Gobierno galo ha entendido, por fin, la imposibilidad de cumplir la ley ante el caos burocrático generado por la multitud de aspectos a contemplar en tan reducido espacio de tiempo”, ha advertido la asociación en un comunicado.
Astic pide, además, agilidad a las instituciones en la lucha contra la ley, ya que valora que la inseguridad jurídica actual está impidiendo el normal flujo de tránsito de personas y mercancías a través de los Estados miembro y solicita su adaptación a la Directiva europea. “La aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional no puede justificarse, ya que crea barreras administrativas y burocráticas desproporcionadas, que impiden que el mercado interno funcione correctamente”, sostiene. Por ello, solicita la creación de una legislación clara para todos los Estados de la Unión Europea que permita la libre circulación de bienes y servicios.
La Ley Macron establece el derecho a un salario mínimo para los trabajadores que operen en Francia. Además, obliga a los vehículos de transporte que transiten por Francia a llevar a bordo el denominado “certificado de desplazamiento”, redactado en francés, en el que figuran tanto los datos de la empresa transportista como del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo. Además, la empresa transportista deberá designar obligatoriamente en el referido certificado al representante legal que actuará en su nombre en Francia ante las autoridades de control.