Es un éxito que la directiva de trabajadores desplazados no afecte a sector del transporte hasta que exista una legislación propia.

19/03/2018 AEUTRANSMER

Así lo manifestaba el Director General de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, con motivo de la celebración del 18 Foro Nacional del Transporte. Del Moral explicó que la aplicación de la Directiva de Trabajadores desplazados al transporte ha quedado en suspenso hasta que se alcance un acuerdo para una regulación específica que detalle las condiciones precisas para esta actividad.

Actualmente hay sobre la mesa de Europa dos propuestas que contarían con el apoyo de la administración española. Una de ellas es la realizada por la actual presidencia búlgara que contempla nueve días de exención para el transporte internacional y cinco para el cabotaje.

La otra propuesta, que tiene su origen en los países nórdicos, es que la Directiva no sea de aplicación cuando la empresa de transporte esté ubicada en el país de origen o destino de las mercancías.

A nivel nacional, el Director resaltó que aunque la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo obliga a España a suprimir el requisito de la flota mínima, van a mantener el requisito de antigüedad, siempre que Bruselas no vea indicios también en esta medida de vulneración las normas europeas de acceso a la profesión de transportista. Además el nuevo ROTT incorporará la obligación, también para los autónomos, de tener un gestor del transporte a tiempo completo y dado de alta en la Seguridad Social.

Ante este nuevo escenario, y coincidiendo con la supresión del régimen de módulos previsto para 2019, se eliminarán también las ayudas al abandono de la profesión.

Todo ello contribuirá al objetivo de contar con empresas de mayor tamaño, que a lo largo de los últimos veinte años han pasado de tener una flota media de 1,5 vehículos por empresa hasta los casi 4 vehículos que existen a día de hoy.

Por último, Joaquín del Moral expresó  su convencimiento de que las 44 toneladas aportarían productividad y competitividad al transporte, pero opina que la transición ha de hacerse de manera que ganen las dos partes, aunque reconoce que únicamente el  5-6% del transporte se viera afectado por la modificación.