09/10/2025 EL MERCANTIL
La sorpresa ha saltado a última hora de la tarde. Pese a las papeletas que estaba acumulando para caer en su tramitación parlamentaria una vez más, la Ley de Movilidad Sostenible, uno de los más ambiciosos proyectos legislativos del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha conseguido salvar los muebles y aprobarse en el Congreso de los Diputados para continuar hacia el Senado. La normativa se ha salvado ‘in extremis’ por un pacto del Gobierno con Podemos sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, pese a que la ausencia en el pleno de un parlamentario popular, que por causas personales, no ha estado presente allanaba su aprobación. La sesión de votación, que se ha alargado tras una intensa jornada parlamentaria, ha concluido con 174 pronunciaciones a favor de la aprobación. En contra se han registrado 170 votos y las cuatro abstenciones de Podemos.
La ley se se ha salvado ‘in extremis’ tras pactar con Podemos sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona
Dentro del texto, se encuentran medidas como el impulso de las autopistas ferroviarias, la implementación de un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías para lograr el cambio modal de la carretera al ferrocarril, el fomento de la electrificación en los puertos, la digitalización del transporte marítimo y la mejora de la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, entre otras. Muchas de las medidas ya se adelantaron en la tramitación del Real Decreto Ley de medidas para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte por carretera y las condiciones laborales de los conductores. A nivel estatal, se pretende elaborar un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecerán los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. También se pretende que estos planes contaran con medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías (DUM) cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, una medida que, como recuerda el ministerio, ha sido largamente demandada para facilitar el transporte y la logística de última milla entre ciudades.
El Gobierno salva el escollo y envía la Ley de Movilidad Sostenible al Senado para continuar la tramitación
Sin embargo, el partido morado había jugado al despiste durante las últimas horas. En sede parlamentaria, ha afirmado que “no es entendible cómo es posible intentar impulsar una normativa que busca la descarbonización del transporte con una mano, y con la otra estar apoyando un mayor tráfico aéreo”. Según ha denunciado la formación, la ley “desoye las recomendaciones del propio ministerio de Transición Ecológica” y, aunque admiten que el proyecto era “bastante peor de inicio de lo que es ahora”, Podemos considera que no es comprensible que el proyecto de limitación de vuelos de corta distancia y su sustitución por opciones ferroviarias, “como estaba contemplado, ahora ya no lo esté”.
Durante sus alegaciones, Podemos ha advertido que, “si el Gobierno quiere que no tumbemos la ley, debe comprometerse por escrito, aquí y ahora, a la no ampliación del aeropuerto de El Prat“. El pacto no ha llegado a ese extremo, pero sí han alcanzado un acuerdo en referencia a la infraestructura catalana que ha permitido contar con su abstención sobre la Ley de Movilidad Sostenible. Concretamente, el ministerio de Transportes ha emitido un comunicado en el que detalla una serie de compromisos respecto a dicha ampliación. En el documento, sostiene que “se establecerá una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina el Fitfor55, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular”. Además, y entre otros compromisos, el proyecto de ampliación “se someterá en todo caso a un proceso especialmente intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia”, así como a una Evaluación Ambiental Estratégica.
UNA INTENSA NEGOCIACIÓN CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Hasta cinco grupos parlamentarios han defendido que la Ley de Movilidad Sostenible nacía descafeinada, poco ambiciosa y que ahora se ha quedado a medio camino. En este sentido, creen que se podrían haber concretado mejor los planes estratégicos de movilidad aérea, la descarbonización y ordenación de la última milla, y los ejes de la estrategia de traspaso de la carga de mercancías de la carretera al ferrocarril. “El resultado no está a la altura de la emergencia climática que nos asola”, ha destacado el portavoz de Bildu, “pese a que sienta las bases y supone un primer paso” para luchar contra ella. El periplo de más de tres años de tramitación se acerca así a su fin, tras innumerables palos en las ruedas por desencuentros de corte puramente político y por las interrupciones causadas por los cambios de legislatura.
Algunos socios de la legislatura no han desvelado la inclinación de su voto hasta esta misma tarde
Lo cierto es que al Gobierno de Pedro Sánchez le ha costado meses tener mínimamente atados todos los apoyos necesarios. La formación morada dejaba caer hasta ayer mismo su poca inclinación a aprobar esta normativa, principalmente por su rechazo frontal a la ampliación de la terminal norte del puerto de Valencia — unos trabajos que ya se están produciendo —, así como a la anunciada ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona). Además, Podemos se escudó en que, hasta media mañana de ayer mismo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no había telefoneado a la portavoz en el Congreso, Ione Belarra, para negociar su apoyo o abstención en la votación, y de ahí que el partido fuera aún más reacio a dar el sí a la normativa.
Por otro lado, otros socios parlamentarios tampoco desvelaron hasta última hora cuál sería la opción por la que se inclinarían: la formación gallega BNG hoy ha votado a favor, pero mantuvo la incógnita hasta ayer por la tarde, en aras de continuar con la negociación con el Ejecutivo sobre una ley que, aseguran “nació poco ambiciosa, aunque luego ha ido mejorando”; y el apoyo de la formación catalana Junts per Catalunya estaba lejos de quedar garantizado por el continuo tira y afloja en la relación entre el Gobierno central y el partido de Carles Puigdemont. Esta legislación ha llegado a requerir de hasta tres sesiones de ponencia en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados y proviene de la legislatura pasada, cuando se reactivó con el compromiso del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, de implementarla antes de finalizar 2024 después de haberse retrasado un año. Y es que la intención principal era dejarla ya en efecto a finales de 2023, cuando la cartera de Transportes continuaba en manos de la anterior ministra, Raquel Sánchez.
Be the first to comment