11/03/2025 EL MERCANTIL
La red viaria española presenta insuficiencia de recursos públicos, tanto para la creación de nuevas licitaciones como para la conservación de su infraestructura actual, y así se ha reflejado en el informe anual de 2024 que ha elaborado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La entidad considera “prioritario” armonizar con la Unión Europea el modelo de gestión y financiación de las carreteras porque, recuerda la asociación, “nuestro país concentra el 69% de las autovías libres europeas”. Esto persigue, como ya han defendido los grandes constructores en numerosas ocasiones, resolver lo que denominan “la insuficiencia de recursos para la creación, adaptación y conservación del patrimonio viario”. En definitiva, aplicar el pago por uso, antaño conocido como Euroviñeta. Recuerda Seopan que, además de los 10.000 millones de euros de déficit inversor en conservación, España afronta unas inversiones de 43.000 millones en creación y adaptación de infraestructuras durante la próxima década.
82,3%
Se licitaron 4.244 millones de euros en carreteras en 2024, el 82,3% menos de la inversión planificada
España, afirman las constructoras, aplica peajes en el 13% de sus redes y se sitúa por detrás de Irlanda, que hace lo propio en el 36% de sus carreteras. Sólo Finlandia y Chipre aplican el 0%. Por contra, el 73,8% de la red de autovías europea, de 85.990 kilómetros de extensión, se opera y financia con concesiones de peaje, y 19 países de la UE cuentan con la totalidad de su red de autovías con pago por uso a vehículos pesados, o incluso ligeros y pesados, según el caso. Países del entorno de España como Francia, Portugal, Italia, Croacia y Grecia cuentan con peaje en el 74%, 87%, 93% y 94% de sus redes viarias, respectivamente. “Implementar un modelo de tarificación de itinerarios interurbanos permitiría invertir 10.661 millones de euros en medidas de seguridad operacional y vial, de sostenibilidad y de digitalización”, defiende Seopan.
El asunto del pago por uso ha resultado un punto controvertido entre el Gobierno español, el sector del transporte por carretera y las constructoras. Estas últimas siempre se han mostrado a favor de su implementación, pese a que el Ejecutivo mantuvo que la implantación de la medida se llevaría a cabo sólo con el consenso de los transportistas. El estudio anual que ha elaborado Seopan en colaboración con la compañía de ingeniería Sener aborda el estado de la inversión de las autoridades públicas en diferentes ámbitos de la construcción y las infraestructuras de transporte, el balance en las licitaciones públicas, el estado regulatorio en estas áreas y las previsiones para los siguientes años. Este mapeo constata que el año pasado, las administraciones públicas licitaron 4.244 millones de euros en carreteras, el 82,3% menos de los 24.000 millones de euros de inversión planificada para un total de 2.415 kilómetros de autovías (el 77% de ellas, del Estado).
De la misma forma, el sector público destinó 2.000 millones de euros al año en conservación de las carreteras frente a una necesidad real que se eleva a entre 3.400 y 3.900 millones de euros, según los autores del informe, que a su vez, citan a la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex). Es decir, una necesidad de gasto en mantenimiento entre el 41,1% y el y 48,7% superior a lo destinado en 2024. Esta asociación cuantifica en 22.489 euros por kilómetro la inversión media estatal en conservacion de carreteras, mientras que la Asociación Española de la Carretera (AEC) cuantifica en 10.000 millones de euros el déficit acumulado en conservación de carreteras, según cita Seopan. En ambos casos, Italia, Francia y Alemania se situarían el 46%, el 50% y el 54% por encima de España en este aspecto.
“La carretera en la movilidad española interior constituye el modo de transporte predominante, tanto en pasajeros (85,9%) como en mercancías (95,7%)”, recuerda el balance anual de Seopan. Precisamente en el aspecto puramente de mercancías, el transporte por carretera ha ganado una cuota modal de 1,3 puntos porcentuales en los últimos 10 años, según el Observatorio del Transporte y la Logística en España, frente a la caída de 0,7 puntos porcentuales en ferrocarril y de 0,5 puntos en el transporte marítimo. Igualmente, el estudio de Seopan establece una comparación con datos de los años 2007, 2008 y 2009. Se alcanzó un pico de más de 11.000 millones de euros en 2008, mientras que al año siguiente, esta inversión se redujo a la mitad, y aun así, 2024, quedó por debajo de dicha cifra.
LICITACIONES PÚBLICAS DE CONCESIONES DE OBRAS, EN MÍNIMOS
La asociación de constructores también ha señalado que la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos, con tan sólo 11 de ellas licitadas en 2024, de un valor de 312 millones de euros, frente a los 5.274 millones de euros licitados en 2023. Atendiendo a la licitación pública de obras con financiación del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en 2024 se licitaron 3.274 millones de euros de obra civil financiados con subvenciones de este mecanismo, representando el 11% de la licitación pública. En lo que respecta al periodo 2021-2024, se registraron 14.158 millones de euros de licitación pública de obras con fondos del PRTR. Por tipologías, las obras ferroviarias (40%), las terminales intermodales (8,9%) y las carreteras (8,6%) concentran el 57,5% del volumen de fondos licitados.
En millones de euros, todas las licitaciones han perdido valor en 2024, atendiendo a las cifras facilitadas por Seopan. En el caso del ferrocarril, el descenso ha sido de algo más del 53% respecto a 2023, mientras que las terminales intermodales descendieron el 70,6% y las carreteras, el 16,9%. En cualquier caso, entre 2019 y 2024, los ferrocarriles alcanzaron unas licitaciones públicas con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 6.121 millones de euros, frente a los 1.369 millones de las terminales intermodales y los 1.307 millones de las carreteras.
Al hilo de esto, Seopan recuerda las principales conclusiones del informe Draghi, que hacía especial hincapié en que la inversión pública en las infraestructuras en el conjunto de la UE era insuficiente, del orden del 1% del PIB, al igual que lo era su capacidad para movilizar inversión privada para estas materias. Asimismo, incidía en que eran necesarias inyecciones de capital masivas en transporte para completar las conexiones y modernizar la infraestructura y el mantenimiento de las redes. De hecho, el informe señalaba que de aquí a cinco años se requeriría una horquilla de entre 750.000 millones y 800.000 millones de euros adicionales anuales para cumplir los objetivos de descarbonización y productividad a través de la digitalización y la innovación.
Seopan también alerta de que las proyecciones de la UE para 2025-2026 sitúan a España en la última posición por ratio de inversión pública, con 2.314 euros por kilómetro cuadrado y por habitante, “ampliándose la brecha con las mayores economías: de 4.823 en Italia, 4.590 en Alemania y 3.057 en Francia”, detallan las constructoras. En valores absolutos de inversión pública, Alemania (con 265.000 millones de euros), Italia (con 169.000 millones) y Francia (con 249.000 millones), invertirán el 49,6%, el 52% y el 24,3% más que España, respectivamente. Pese a todo, España será la cuarta economía de la UE en inversión pública en infraestructuras este año y el que viene, a tenor de los datos de Seopan.
CAMBIOS REGULATORIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS
La asociación española de grandes constructoras ha apuntado también que el sector requiere de diversos cambios regulatorios, especialmente relacionados con hacer obligatoria una revisión de precios, ante el aumento del coste de las materias primas el año pasado, como el acero (+36%), el aluminio (+12%), la electricidad (+54%), el gas (29,6%) y el cemento (+5,6%). Igualmente, según Seopan, “es prioritario ampliar el límite máximo revisable de la revisión excepcional de precios del 20% al 30% para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, al comprometer gravemente la ejecución de importantes proyectos” ferroviarios y de carreteras del Estado. Por otro lado, las constructoras reclaman reactivar el modelo de concesiones para las inversiones más urgentes, así como el impulso de los modelos colaborativos para mejorar la eficiencia en la contratación pública y el cumplimiento de plazos y presupuestos.
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