14/02/2025 TRANSPORTE XXI
Reclaman ayudas y el retorno de parte de la recaudación por los ETS para compensar el uso intensivo de recursos y capital que asumen para cumplir con la exigente normativa europea.

Los navieros alertan del elevado coste que conlleva el proceso de descarbonización del transporte marítimo que impulsa Europa. Esta es una de las principales conclusiones que se puso sobre la mesa en el marco de la segunda jornada del VI Congreso Marítimo Nacional, que ha organizado la Real Liga Naval Española en Madrid.
“Hacer frente a estas medidas supone un uso muy intensivo en recursos y capital y requiere muchos esfuerzos y energía”, afirmó el consejero delegado del Grupo Ibaizabal, Jorge Zickermann. En esta línea, “hace falta mucha inversión y todo tipo de ayudas”, matizó. El directivo puso como ejemplo que existe una bonificación directa para el uso de biocombustibles, “pero no es suficiente”.
“La descarbonización del transporte marítimo costará 40.000 millones de euros anuales, según el Informe Draghi”, recordó Zickermann, por lo que “todas las ayudas para el sector son necesarias y haría falta mucho más”. De todos modos, “no solo son necesarias ayudas para inversiones, sino también homogeneizar y regularizar el mercado”, puntualizó.
Carlos Cremades, presidente del Grupo Marflet Marine, fue muy crítico con la normativa europea, principalmente en el ámbito de los combustibles y de los ETS (Emissions Trading System). ”Se trata de un sistema injusto objetivamente, porque tendría que estar favoreciendo el tráfico marítimo frente a la carretera y sin embargo, penaliza al marítimo y no a la carretera”, lamentó.
Cremades definió este sistema impuesto por Bruselas como “perverso y falaz”. Perverso porque es un sistema que “acaba consiguiendo cosas contrarias a las que quiere conseguir”. Y falaz porque “es como si te piden dinero para invertir en equipos médicos para poder operarte y después acaban destinándolo a cambiar la moqueta o para irse de viaje”, ironizó.
En este sentido, Cremades agradeció los esfuerzos del secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y del director general de la Marina Mercante, Gustavo Santana, porque “están luchando contra la larga sombra de Hacienda, como pasa también en otros países, para que esos 1.000 millones de euros anuales que se van a recaudar este año vuelvan al sector para inversiones en I+D, nuevas tecnologías o captación de CO2”, subrayó. Para Cremades, no hay que olvidar que estos costes penalizan a todo el mundo, pero, sobre todo, a los más modestos. “Los políticos europeos se olvidan de que gobiernan para su gente”, apostilló.
Proceso “irreversible”
Por su parte, Gustavo Santana recalcó la complejidad del sector marítimo, que cuenta con “un triple nivel de reglamentación”, en referencia a la Organización Marítima Internacional (OMI) a nivel internacional, la UE a nivel europeo y la normativa nacional. Santana advirtió que “esto es un negocio internacional que se debe regular a nivel internacional” y que “la apuesta por la descarbonización es irreversible, si bien tiene que hacerse con los pies en la tierra”.
El director general de la Marina Mercante incidió en que la normativa europea “debería ser transitoria hasta que se logre un acuerdo internacional”. Y apoyó la petición del sector de que “una parte del dinero que aportan las navieras debería repercutir en el sector”.
La directora general de Anave, Elena Seco, intervino también en el marco de la jornada para hacer alusión a las anomalías que se están padeciendo en este proceso de descarbonización en Europa. Entre ellas citó que “el CO2 hace el mismo daño en Europa que en África o que haya un trato distinto al barco que al camión, con lo que esas normativas lo que consiguen es que no se reduzcan las emisiones”.

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