17/10/2023 CdS

El Gobierno en funciones ha enviado a la Comisión Europea este pasado fin de semana el Plan Presupuestario 2024, documento que incluye la actualización de las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas.

De manera particular, la documentación recoge que la bonificación en el precio de los carburantes para los transportistas ha tenido un impacto en las cuentas públicas españolas este 2023 de 685 millones de euros y, al mismo tiempo, no especifica impacto presupuestario para el próximo 2024, lo que de facto implica que estas ayudas dejarán de funcionar a final de año.

Así mismo, tampoco se contemplan ayudas directas al transporte por carretera el año que viene tras haber destinado 72 millones de euros en esta partida este mismo ejercicio.

Como consecuencia, el documento remitido a Bruselas recoge que las medidas adoptadas como consecuencia de la guerra de Ucrania y la crisis energética se agotan en 2023.

Se obvia así la petición generalizada en el sector, que reclamaba no solo la continuidad de estas ayudas, sino un nuevo incremento, como elemento fundamental para garantizar la superviviencia de las empresas de transporte, principalmente de aquellas más vulnerables como las pequeñas y medianas, en un contexto en el que los precios internacionales de los combustibles parecen vivir un nuevo impulso al alza, marcado principalmente por el inicio de una nueva crisis bélica en Gaza, con posibles efectos profundos y prolongados en la evolución de los precios de los derivados del petróleo.

La percepción generalizada en el sector del transporte de mercancías por carretera es la de que estas ayudas han permitido a muchas empresas mantenerse a flota ‘dopadas’ en un contexto muy difícil y con costes al alza.

Desde este pasado 1 de octubre y hasta final de año, la bonificación del gasóleo para el transporte profesional se ha reducido a cinco céntimos de euro por litro de combustible repostado, tal y como se había previsto.

Con estas ayudas se pretendía mitigar el impacto del incremento del precio de los carburantes provocado por la invasión rusa a Ucrania y contribuir a garantizar la sostenibilidad económica del transporte profesional de pasajeros y mercancías.

Muy posiblemente, el Gobierno también estima que la articulación de la aplicación obligatoria de la cláusula del gasóleo en los contratos de transporte tiene la suficiente entidad para garantizar que los transportistas puedan repercutir a sus clientes los incrementos de costes que se producen por este motivo.