14/12/2022 TRANSPORTE XXI
Asetrabi, Asotrava, Hiru y TransportBilbao calculan en hasta 1.000 euros por camión al mes el sobrecoste que tendrá el canon por uso en cinco carreteras que implantará la Diputación de Bizkaia en 2023.
El sector del transporte de mercancías por carretera ha mostrado su oposición frontal al establecimiento de peajes en 2023 por parte de la Diputación de Bizkaia en cinco vías de su red troncal, aunque “mantiene las negociaciones abiertas al diálogo para su implantación en mejores condiciones que las propuestas”.
Las asociaciones Asetrabi, Asotrava, Hiru y TransportBilbao calculan que la nueva medida, a pesar de las bonificaciones forales, generará un sobrecoste mensual por camión de hasta 1.000 euros para aquellos transportistas que regularmente circulen por las carreteras N-240, la BI-625, la N-636, la autovía A-8 y el corredor del Txorierri.
Sonia García, presidenta de la Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia (Asetrabi); Amaia Martínez, secretaria técnica de Asociación de Transportistas Autónomos Vascos (Asotrava); Alberto Núñez, del sindicato Hiru; y Santi Sánchez, de la Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao, TransportBilbao, coincidieron en calificar la próxima puesta en marcha de los cinco peajes en Bizkaia como “una medida recaudatoria y discriminatoria, dado que solo será soportada por los chóferes de los vehículos pesados”.
Los representantes del transporte vizcaíno detallaron que “el pago por uso de las cinco carreteras se producirá tras un año de negociaciones con la entidad foral en las que no se ha logrado el consenso para la implantación de su canon”. Entre los ejemplos que supondrá su activación, remarcaron que “si el coste del tramo de la autopista entre Bilbao y Vitoria asciende a unos 20 euros, la alternativa por la N-240 supondría unos 17 euros”.
En este sentido, criticaron que supondrá un sobrecoste de hasta un 10 por ciento en sus ingresos totales, que se añadirá al cerca del 40 por ciento del gasto que representan los combustibles, y que se suman al pago de los impuestos de circulación, sociedades, módulos, IRPF…”. A su juicio, los peajes “penalizarán, mayoritariamente, a los autónomos y a unas pymes locales, cuyas flotas no superan el medio centenar de vehículos pesados”
Además, las asociaciones pusieron de manifiesto que “en el actual contexto de crisis, agudizado por la guerra de Ucrania, la implantación de peajes no es la medida más adecuada para apoyar a un sector estratégico para la economía vasca, al mover el transporte por carretera el 90 por ciento de las mercancías que transitan por el territorio vizcaíno”.
También adelantaron que en el presente ciclo de subida de la inflación, los transportistas “deberemos repercutir los nuevos peajes a nuestros clientes, los cargadores, dado que no tenemos rentabilidades para poder asumirlos. Un encarecimiento de nuestros servicios que, previsiblemente, se trasladará posteriormente al conjunto de los consumidores”.
Los representantes de Asetrabi, Asotrava, Hiru y TransportBilbao recalcaron que “Vizcaya se posiciona entre los primeros territorios que establecerán el pago por uso de las carreteras, cuando el Ministerio de Transportes lo ha ido retrasando al no haber logrado el consenso del sector”.
En esta misma línea de apoyo por parte de la administración central, avanzaron que “las negociaciones en curso del Comité Nacional del Transporte por Carretera con la ministra Raquel Sánchez mantendrán la bonificación de 20 céntimos para el gasóleo profesional en 2023”.
Finalmente, los mismos portavoces remarcaron que “el transporte de mercancías por carretera es un sector esencial que hay que cuidar, especialmente ahora que faltan camiones y transportistas, al no producirse el necesario relevo generacional”.
