11/11/2022 EL ECONOMISTA
Evitar el colapso que se produjo en la huelga de transportistas el pasado mes de marzo. Ese es el objetivo prioritario del Gobierno, que está dispuesto a movilizar todos los efectivos necesarios para evitar que la situación se repita. El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está coordinando con Interior todas las medidas necesarias para evitar así que los piquetes puedan llegar a cortar el suministro de alimentos y otros materiales de primera necesidad.
Según confirman a este periódico fuentes del Gobierno, todo está preparado para que si la situación se complica haya un completo despliegue de la Policía y la Guardia Civil en los principales centros logísticos del país, comenzando por los mercas y los puertos, que fueron los que más sufrieron durante el paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera la pasada primavera. Los efectivos policiales garantizarán asimismo el suministro de las grandes superficies e hipermercados para evitar que haya ningún problema de abastecimiento. Transportes asegura respetar ahora el paro convocado por la Plataforma, aunque hace un llamamiento a la responsabilidad de los camioneros.
A raíz de la primera huelga de transportes, que se convocó en marzo de este año, el Gobierno aprobó en agosto un paquete de medidas para evitar que los transportistas tuvieran que trabajar por debajo de costes. Es decir, que no tuvieran que trabajar con pérdidas. Con esta norma, el ministerio de Transportes estableció las bases para que los transportistas tuvieran así un precio justo. Desde la cartera que dirige Raquel Sánchez aseguran con orgullo que gracias al paquete de medidas legislativas se ha roto, de hecho, la tendencia de subida de costes y bajada de precios. «Ahora tenemos una situación mucho más equilibrada en el sector». Desde el ministerio del Transporte, resaltan que «se sigue avanzando, con un calendario de reuniones ya acordado con el sector, en temas muy relevantes como la regulación de la subcontratación o la definición de los estándares para las zonas de carga y descarga, que completarán el conjunto de medidas reclamadas históricamente por el sector y que se están materializando».
Sanciones
La normativa aprobada este verano incluye sanciones de hasta 4.000 euros para garantizar el cumplimento de esta. Respecto a las infracciones, «se está trabajando con el sector para concienciar de la importancia de denunciar estas situaciones, cuando se produzcan, para facilitar la acción de los servicios de inspección del transporte terrestre y así garantizar el cumplimiento de la norma». Además, una de las prioridades de cara al mes de diciembre es perseguir este tipo de actuaciones con el Plan de Inspección 2023. Todas las miradas están puestas ahora, sin embargo, en la respuesta de los transportistas.