Desde el año 2000, en el que se firmaron los primeros grandes acuerdos sectoriales del presente siglo, todo conflicto en el transporte por carretera había tenido siempre un detonante estrictamente coyuntural: el precio del gasóleo.

Así pasó en el año 2000, en el año 2005 y por supuesto en el año 2008, con la primera gran movilización de la ahora resucitada Plataforma.

Todos aquellos conflictos se desencadenaron de la misma manera, con una fortísima subida del precio del carburante que motivaba una negociación con dos gran vertientes: primero, obtener medidas fiscales y económicas urgentes para aliviar de inmediato la asfixia del sector; y, segundo, obtener medidas estructurales para ante coyunturas de este tipo definir un sector lo suficientemente fortalecido para responder con sus propias armas de mercado.

De esta forma, todas las negociaciones del CNTC con el Gobierno desde el año 2000 tuvieron este doble plano y todos los acuerdos alcanzados tuvieron estas dos vertientes: medidas económicas inmediatas, por un lado, y medidas estructurales, normativas y de mercado, por otro.

Dejando de lado los Acuerdos de 2011, de ámbito exclusivo entre Comité y asociaciones de cargadores, los Acuerdos de San Lázaro del pasado 17 de diciembre fueron los primeros firmados entre Gobierno y CNTC no motivados por una crisis coyuntural concreta del gasóleo y los primeros que no contemplaron medidas específicas de urgencia económica para el alivio del sector, sólo grandes medidas estructurales.

Por eso, es tremendamente paradójico que apenas unas semanas después de su firma, como si la historia no quisiera contemplar excepciones, ha surgido una profunda crisis coyuntural que obliga a un paquete urgente de medidas de alivio económico que Gobierno y CNTC ayer se esforzaron en pactar.

Es el regreso al círculo vicioso sectorial de la carretera, es la coyuntura y la estructura, doble cara de una misma moneda resuelta de forma simultánea en los últimos 20 años y que, en esta ocasión, ha tenido que ser afrontada a “doble vuelta”.