02/11/2021 TRANSPORTE XXI

El Ejecutivo ‘cuela’ la reforma de los Centros Portuarios de Empleo en un proyecto de Ley para proteger a los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad.

La reforma del marco laboral de la estiba que impulsa el Gobierno de Sánchez ha desembarcado entre los trabajos de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados que viene tramitando desde el pasado mes de febrero un proyecto de Ley para proteger a los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En el seno de esta comisión, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han presentado dos enmiendas conjuntas que recogen la tramitación de un “estatus especial” para los Centros Portuarios de Empleo, modificando así la Ley de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), una exigencia del sindicato Coordinadora.

“Es una forma de actuar kafkiana”, según coinciden en señalar diversas fuentes empresariales y parlamentarias consultadas por TRANSPORTE XXI. El Ejecutivo ha elegido esta vía “para intentar agilizar la tramitación y no dar mayor publicidad a la modificación”, explican estos medios, indicando que “pese a esto, el calendario para el proyecto de Ley de consumo sitúa su aprobación para primavera de 2022”, lo que choca con el interés de Coordinadora de que “la reforma se hiciera con un decreto ley antes de finalizar la primera semana de octubre, algo que ya nunca sucederá”.

Más duro con las intenciones del Gobierno se ha mostrado el presidente de la patronal Asoport, Joaquim Coello, que ya anuncia “batalla de alegaciones” con los grupos parlamentarios contra la norma y el envío de información a Bruselas de las intenciones del Gobierno.

Coello ha explicado a TRANSPORTE XXI que con las enmiendas “quieren hacer una burla de la Ley que establecía la libertad de contratación, sacándose de la manga las sociedades mutualistas y, con eso, van a dar una preferencia a quien no la tenía. Lo que pretenden es lo contrario de lo quería la Comisión Europea. Eso no es aceptable”.

El presidente de Asoport manifiesta que “la sensación del sindicato es que la tramitación va a ser rápida, pero esto no es un real decreto, sino una ley, por lo que va a ir más lento. Al menos serán seis meses”.

Con las enmiendas, Coello indica que “es evidente que intentan hacerlo con discreción para que no les digan nada, pero eso demuestra la misma flaqueza de su planteamiento”. Coello concluye indicando que el Gobierno “tiene que hacerlo  ‘de tapadillo’, porque es evidente que si lo hacen abiertamente, pueden tener muchas oposiciones, entre ellas la nuestra, aunque no creo que se atrevan a llevarlo con la oposición de Bruselas. Si se lo mandan antes les van a decir que no”.

Modificación propuesta

Las enmiendas propuestas se centran en la modificación del artículo 18 de la Ley de ETTs para que los centros portuarios de empleo se transformen en “empresas de propiedad conjunta de base mutualista, constituidas voluntariamente, con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes y con respecto de la competencia efectiva entre las empresas, para satisfacer de forma óptima la necesidad común de los socios de disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios especializados en número y capacitación suficiente para prestar de forma eficiente el servicio portuario de manipulación de mercancías”.

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, los CPE “deberán adaptar estatutos y celebrar con cada socio un contrato marco de prestación de servicios”.

La norma permite que “el socio que no vote a favor del acuerdo o no celebre el contrato marco tendrá derecho a separarse del CPE”.