24/05/2021 DIARIO DEL PUERTO
“Estamos a la espera de la confirmación oficial por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la concesión de la moratoria hasta el 31 de diciembre para la aplicación de las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona a los vehículos destinados al transporte de mercancías”.
Las movilizaciones anunciadas para el lunes 31 de mayo quedarán desconvocadas, por tanto, “si se procede a dar carácter oficial a la comunicación recibida verbalmente”. Así lo afirmaron los representantes de las distintas asociaciones de transportistas en la rueda de prensa convocada el viernes. Dichas entidades son: AGTC, Ametraci, Sintraport, Astac Condal, Atec Barcelona, el Gremi del Transport i Maquinària de la Construcció de Catalunya y Transcalit.
“Las movilizaciones anunciadas para el lunes 31 de mayo quedarán desconvocadas si se procede a dar carácter oficial a la comunicación recibida verbalmente”
Durante el acto, las asociaciones denunciaron que la aplicación de esta ZBE “no ha ido acompañada de las adecuadas modificaciones normativas y ayudas a las cuales se había comprometido la Administración para la reconversión del sector”.
A ello se suma la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, que no ha hecho más que “incrementar las dificultades de reconversión del sector” y que la entrada en vigor de la ZBE está siendo “traumática” porque pone en “serio peligro” tanto la distribución de bienes y servicios en Barcelona, como los miles de puestos de trabajo que de ella dependen.
EL DATO 25%
Los transportistas de Barcelona denunciaron el viernes que un 25% de la flota propia no podría circular cuando entre en vigor al 100% la ZBE sin las ayudas pertinentes ya demandadas por el sector.
Parte activa del cambio
Los representantes de las distintas asociaciones reiteraron que “queremos ser parte activa de la lucha contra el cambio climático de forma decidida, pero sin que se produzcan perjuicios irreparables al sector”. Además, destacaron que el transporte de mercancías por carretera es un servicio esencial, pero “lamentablemente, absolutamente dependiente de los combustibles fósiles sin alternativa tecnológica para los vehículos de más de 3,5 toneladas de masa máxima”.
“En la medida que la Administración nos dote de medios, nos dé seguridad jurídica, nos financie, homologue filtros y catalizadores, homologue la transformación de vehículos sin etiqueta o con ella, el sector participará en la transformación del transporte”
Para ello, consideran que las administraciones deben garantizar la adecuada reconversión del sector de forma progresiva y realista, “con una especial protección a aquellos transportistas autónomos mayores de 60 años”.
Así afirmaron que, “en la medida que la Administración nos dote de medios, nos dé seguridad jurídica, nos financie, homologue filtros y catalizadores, homologue la transformación de vehículos sin etiqueta o con ella, el sector participará en esta transformación”.
Imagen de la rueda de prensa convocada por las asociaciones de transportistas. Foto. A.Tejera.
Un problema global
Por otra parte, los transportistas insistieron en que “este es un problema que afecta al sector del transporte terrestre de forma global”, puesto que las ZBE serán una realidad en muchas ciudades en 2023, tal como viene marcado desde Europa.
De hecho, “los compañeros de Madrid ya han vivido esta situación antes que nosotros”. No obstante, apuntaron que la ZBE de Barcelona es una de las “más extensas y restrictivas” de toda Europa, dado que se extiende por Barcelona capital y las ciudades limítrofes, “sumando un total de 95 kilómetros cuadrados”.
“El Gobierno central debería establecer una ley de cambio climático uniforme para todas las ciudades, de más de 50.000 habitantes y que no fuera la administración local, como ocurre ahora, la que establezca las condiciones de carga y descarga y restricciones varias”
A este respecto, los transportistas consideran conveniente que “el Gobierno central establezca una ley de cambio climático uniforme para todas las ciudades, de más de 50.000 habitantes y que no sea la administración local, como ocurre ahora, la que establezca las condiciones de carga y descarga y restricciones varias”.
Rodrigo Fernández (Atec Barcleona); Jorge Fernández (Sintraport); Bonifacio Asensio (Ametraci); Carlos Folchi (AGTC); Evaristo Magaña (Astac Condal); José Carlos Romero (Gremi del Transport i Maquinària de la Construcció de Catalunya), y Eugeni Mañes (Transcalit). Foto Alba Tejera.
Los transportistas exigen:
- Un marco legislativo que dé seguridad jurídica y garantice la actividad económica.
- Ayudas económicas directas para poder llevar a término la sustitución de los vehículos.
- Un plan estratégico de reconversión de vehículos, mediante la homologación de filtros y catalizadores.
- La constitución de una mesa de diálogo y seguimiento con los actores implicados y de la AMB, el Ayuntamiento de Barcelona y con la incorporación de la Generalitat de Catalunya.
- El cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos, actuando con transparencia frente al sector y comunicando al mismo decisiones, sin generar incertidumbre e inseguridad jurídica, que ponen en peligro puestos de trabajo y la continuidad de muchas empresas, dando respuesta a las razonadas peticiones efectuadas por el sector a las administraciones ante la falta de: infraestructuras, vehículos de sustitución, combustibles alternativos para vehículos pesados o ayudas al sector.
