17/05/2021 EL MERCANTIL
La introducción del pago por uso en la red viaria incrementaría los costes del transporte entre el 9% y el 13%, es decir, entre 14 céntimos y 19 céntimos por kilómetro. Es el cálculo que la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) ha estimado a raíz de una posible implantación del pago por uso en la red de carreteras españolas a partir de 2024. Esto, en opinión de la entidad, se traduciría en una “gran pérdida de competitividad para el tejido empresarial español y el consumo”. Aecoc cifra dicha pérdida entre 1.400 y 1.900 millones de euros al año. Ante estos datos, cargadores y transportistas coinciden en su oposición contraria a la implantación del pago por uso.
De hecho, según insiste Aecoc, el modelo viñeta en España afectaría a toda la cadena de suministro. Además, el 47% de la exportación de mercancías se realiza por carretera desde España y la mitad de los kilómetros de carreteras corresponden a vías de alta capacidad por las que circula el 70% de transporte de mercancías. Por ello, los cargadores insisten en que la medida no solo afectaría al consumo interno, “sino que también debilitaría las exportaciones españolas”.
Los cargadores denuncian que no reciben comunicación oficial ni de transportistas ni de Administración
“El pago por uso de las carreteras sería un nuevo impuesto a las mercancías, que deberían quedar eximidas de un posible tributo por el uso de las autovías”, aseguran. Además, opinan que el sector necesita medidas consensuadas entre administraciones, cargadores y transportistas. Algo que desde la Asociación de Cargadores de España (ACE) aseguran que no se está produciendo. “A los cargadores nadie nos ha dicho nada: ni los transportistas ni la Administración. No hay comunicación posible con una propuesta oficial, pero tampoco márgenes para absorber el crecimiento. No sería justo que se penalizara al transporte pesado”.
LOS TRANSPORTISTAS TEMEN UN AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD EN CARRETERA
Desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) se percibe un riesgo de que aumente la siniestralidad en el tráfico de mercancías por carretera, dado que el pago por uso “obligaría a un traspaso del tránsito pesado a las vías secundarias, mucho más peligrosas”. Por otro lado, los transportistas siguen manifestándose en contra del pago por uso porque consideran la medida como un “repago” y creen que “ya pagamos mucho más de lo que costamos”, a través de los gastos de combustible, ITV, autorizaciones de vehículos y revisiones.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), José María Quijano, considera el pago por uso “un torpedo en la línea de flotación del sector”. Según los cálculos de la mayor patronal de transporte por carretera en España, aplicar el nuevo peaje supondría abonar 118 euros más por un trayecto entre Madrid y Barcelona. “Solo los impuestos indirectos sobre los combustibles suponen en las arcas públicas un ingreso medio anual de 11.000 millones de euros. El sector de la carretera ya paga lo suficiente”, concluye.
Además, los transportistas coinciden con los cargadores en que las nuevas tasas supondrían una pérdida de competitividad en el sector de bienes y en el de turismo. “En España, el 95% del movimiento terrestre de mercancías y el 85% del de personas tiene lugar por carretera”. “Sin carreteras, nuestra sociedad sería mucho menos eficiente, cohesionada y próspera. Por tanto, entre todos debemos sufragarlas”, expresa el director general de Astic, Ramón Valdivia.
El transporte denuncia que el Gobierno no ha negociado aún una propuesta concreta con ellos
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha expresado un “absoluto malestar por las declaraciones públicas del Gobierno en los medios de comunicación” sin haberse sentado previamente a negociar con el sector, explican, condición indispensable para ellos para terminar de establecer un modelo de viñeta tras la paulatina desaparición de los peajes en las autovías.
El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha confirmado ni desmentido las informaciones referentes a cargadores ni transportistas ,pero, esta misma semana, el ministro José Luis Ábalos recalcaba que “es inconcebible ser una excepción en Europa” en materia de tasación por utilización de carreteras y por fuentes de contaminación y no ha descartado poner en marcha una reforma legal para implantar el sistema en España. De hecho, es una de las medidas que España ha comprometido frente a Bruselas como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (denominado ‘España Puede’), remitido a la Unión Europea en abril y para el que el Ejecutivo prevé movilizar hasta 140.000 millones de euros.
DUDAS ANTE LA APUESTA POR MODOS ALTERNATIVOS
Tanto los cargadores como los transportistas cuestionan la apuesta del Ejecutivo por medios como el ferrocarril y el desarrollo de los proyectos marítimos. Consideran que el ferrocarril “no es una alternativa real, aunque todos desearíamos su desarrollo” porque el recorrido medio de este tipo de transporte en España es de 150 kilómetros y sólo podría rentabilizarse en largas distancias.
Por otro lado, consideran que las nuevas infraestructuras en el Corredor del Mediterráneo o el del Sur, así como el calendario puesto en marcha para las autopistas ferroviarias no facilita que existan otras opciones al pago por uso. “El modo de transporte mayoritario es la carretera. Para compensarlo, habría que invertir en vías más sostenibles, pero de momento eso no es suficiente”, explican desde ACE. “No existe aún una alternativa tecnológica a medio plazo que permita que este sector no sea contaminante y hasta entonces, no habrá más remedio que seguir rodando para suministrar las mercancías”, concluye José María Quijano (CETM).
