28/01/2021 DIARIO DEL PUERTO
El encierro que inició el pasado martes en la sede del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) un grupo de representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CIG, firmantes del III Convenio Colectivo de OPPE y Autoridades Portuarias, en protesta por el incumplimiento del convenio, vigente desde junio de 2019, podría derivar en una movilización de mayor calado que afectaría inicialmente a los principales puertos del sistema, si la Administración General del Estado persiste en no autorizar el incremento de la masa salarial anual pactado para el conjunto de los trabajadores vinculados al convenio.
La advertencia la realizó ayer el secretario general de CCOO para el sistema portuario estatal, Pedro Suárez, quien junto a los representantes sindicales que iniciaron el encierro, mostraron el “hartazgo” del colectivo ante una situación que el responsable de Puertos y Estiba Marítimo-Portuario de UGT, José Miguel Lubián definió como “incomprensible”.
La palabra de Ábalos
Suárez y Lubián expusieron la situación en la que se encuentran los aproximadamente 4.500 trabajadores de OPPE y de las 28 Autoridades Portuarias del sistema, ante el incumplimiento de un convenio que tiene “una clave claramente política”, según expuso el representante de CCOO, quien atribuyó la principal responsabilidad al Ministerio de Hacienda, al que acusó de un “bloqueo de facto” de la autorización necesaria por parte de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) para abonar a los trabajadores los 2 millones de euros de masa salarial anual adicional pactados en el III Convenio Colectivo y que permanecen bloqueados desde hace ya casi 20 meses.
Asimismo, Pedro Suárez mencionó también la incapacidad del Ministerio de Transportes para “conseguir sacar este convenio adelante” que, según recordó, se acordó con el compromiso personal del ministro José Luis Ábalos, lo que el representante sindical calificó como “suficiente garantía” en aquel momento, a apenas cinco días de las Elecciones Generales. “Esperamos que Ábalos cumpla su palabra”, pidió.
En este contexto, los sindicatos elevaron el alcance político de un conflicto que contrapone la “falta de respuesta” de la Administración General del Estado ante las denuncias sindicales, y la inhibición de la CECIR, “que parece no ver claro ahora un convenio que pasó el control de Hacienda”, con el sentimiento de agravio de un colectivo de trabajadores “con compromiso público, que trabajaron, como los policías portuarios, sin los equipos de protección adecuados porque no los había; con una plantilla esencial que pusieron a disposición sus propios medios materiales para mantener activas las Autoridades Portuarias, que no han cerrado en ningún momento y han garantizado el esencial tráfico de mercancía”, tal y como apuntó Suárez.
Dignidad del colectivo
Por todo ello, los sindicatos entienden que el incumplimiento del convenio colectivo por parte del Ministerio de Hacienda supone “un castigo más que ha provocado el hartazgo entre los trabajadores”. Así, los sindicatos advirtieron que el encierro iniciado el martes es un primer paso de un conjunto de movilizaciones más amplio que se trasladaría al conjunto de puertos del sistema, comenzando con los de “mayor relevancia”, dijo Pedro Suárez, quien apeló a la “dignidad” del conjunto de trabajadores, “que han soportado recortes salariales y pérdidas de poder adquisitivo del 15%”.
Los sindicatos UGT CCOO y CIG denunciaron la “incapacidad” del Ministerio de Transportes para “sacar el III Convenio Colectivo adelante” que, según recordaron, se acordó con el compromiso personal del ministro José Luis Ábalos
EL DATO: 4.500
Los sindicatos expusieron la situación de los aproximadamente 4.500 trabajadores de OPPE y de las 28 Autoridades Portuarias ante el incumplimiento de un convenio que tiene “una clave claramente política.
Representantes de UGT, CC.OO. y CIG iniciaron el pasado martes un encierro en la sede de OPPE en Madrid.
A la espera de movimientos al más alto nivel
Preguntado por Diario del Puerto sobre el estado de la situación y de los posibles contactos entre los diferentes entes y órganos de la Administración General del Estado con capacidad para resolver el conflicto, el representante de CCOO, Pedro Suárez, reconoció “buena voluntad por parte de todos” y destacó el apoyo de “un buen número” de presidentes y presidentas del sistema portuario, aunque lamentó que aún no hubiera “una respuesta clara”. “Hay algún movimiento pero hasta este momento Hacienda no le coge ni el teléfono al presidente de Puertos del Estado”, dijo.
Mientras Puertos del Estado evitaba ayer realizar a este Diario cualquier valoración sobre la situación denunciada por los sindicatos ni confirmar algún contacto entre las Administraciones correspondientes para su desbloqueo, otras fuentes apuntaban a la celebración de un encuentro entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, con el Ministerio de Hacienda, que, sin embargo, no pudo ser confirmado.
OPPE “no cejará en su empeño”
En todo caso, la posición de Puertos del Estado quedó reflejada en el acta de la reunión de la comisión paritaria extraordinaria celebrada el pasado martes, en la cual OPPE y las Autoridades Portuarias manifestaron la necesidad de solucionar el conflicto y compartían “la obligación de cumplir con lo pactado”, trasladando asimismo “la dificultad que supone esta problemática para la adecuada gestión de los puertos”, por lo que, aseguraron no cejarán “en su empeño para obtener una solución definitiva ante los diferentes órganos de la Administración”.
Con esta férrea posición de la CECIR han tenido que bregar todos los presidentes de OPPE.
En manos de la todopoderosa CECIR
Que el sistema portuario español sea autosuficiente económicamente y no dependa de los Presupuestos Generales del Estado no quiere decir que las autoridades portuarias sean plenamente autónomas en la toma de decisiones sobre sus inversiones y gastos.
Conocido es el papel al respecto del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) a través de los planes de empresa, si bien no se le da la suficiente relevancia al peso de la conocida como Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial Retributiva (CECIR), órgano al que están sometidas todas las autoridades portuarias junto a Puertos del Estado al igual que todos y cada uno de los organismos públicos de ámbito estatal que existen en España.
La misión de la CECIR, dependiente del Ministerio de Hacienda y del de Función Pública, es la gestión de las retribuciones de los empleados públicos de la Administración General del Estado, de sus organismos y entidades, “contribuyendo de manera decisiva en el control del gasto público en materia salarial y en el mantenimiento de la homogeneidad, tanto cuantitativa como cualitativa, del modelo retributivo”, según reza en los reales decretos que la regulan.
De esta forma, en el sistema portuario, todas y cada de las contrataciones de personal que se llevan a cabo y todas y cada de las retribuciones que se acuerdan en el mismo deben contar para ser efectivas con la aprobación de la CECIR.
Mientras la CECIR no apruebe el otorgamiento de tal o cual plaza de empleo público para el sector portuario o no ratifique tal o cual acuerdo en materia retributiva, todo lo que se decida al respecto en el seno del sistema portuario es papel mojado, lo diga un plan de empresa o forme parte de un convenio colectivo firmado, sea del ámbito que sea, tal es caso de la situación en la que ahora se encuentra el III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias, con unos compromisos en material laboral y retributiva que la CECIR continúa sin ratificar.
Más allá de discrepancias puntuales, en los últimos años siempre ha habido sintonía tanto entre las autoridades portuarias y OPPE y entre OPPE y los sindicatos a la hora de llegar a acuerdos en materia de incremento de plantillas y en materia de retribuciones.
Ahora bien, el gran escollo siempre fue y sigue siendo la CECIR, férrea a la hora de medir exactamente por el mismo rasero a las autoridades portuarias que al resto de administraciones públicas, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis, con el bloqueo constante de las peticiones del sistema portuario en aras a imponer el criterio de austeridad reinante y de igualdad entre todas las administraciones.
Con este férreo posicionamiento de la CECIR han tenido que bregar todos los presidentes de Puertos del Estado, sea cual sea el color del Gobierno que ocupara el Ministerio de Hacienda y con independencia de que OPPE y por ende el Ministerio de Transportes fueran de ese mismo Gobierno.
En esta línea y lucha constante con la CECIR, OPPE se ha debatido desde la persistencia y el acoso y derribo que presidió las relaciones de José Llorca con Hacienda, hasta el empleo de su amplia red de contactos y afectos que supo explotar al máximo Salvador de la Encina, recurriendo siempre en todos los casos al papel de presión que pudiera jugar en altas instancias el propio ministro o ministra.
Situada ahora la partida de nuevo en el mismo tablero, le toca al actual presidente de OPPE, Francisco Toledo, definir su propia manera de derribar la oposición de la CECIR y hacerla comprender las necesidades y trascendencias de los puertos.
