24/07/2020 REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado de manera positiva el hecho de que el Parlamento español entienda que «en la era post-COVID es imprescindible regular los pagos a proveedores», tal y como la entidad ha reivindicado históricamente. Así lo ha manifestado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, tras conocer que el Pleno del Congreso validará la propuesta de régimen sancionador —que multa a las empresas morosas— que había realizado la PMcM durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.
Antonio Cañete ha sido uno de los 20 representantes de la sociedad civil elegidos para formar parte del grupo de trabajo de Reactivación Económica de esta Comisión, que tiene como objetivo proponer medidas de impulso en el escenario post covid-19 en los diferentes ámbitos productivos.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad agradece a los diputados españoles el esfuerzo realizado para poner en valor «una herramienta imprescindible para pymes y autónomos, ya que incrementará la liquidez de estos y mejorará su competitividad y productividad, y, al evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reducirá la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos» según ha manifestado.
Multas para las empresas morosas
A tenor de la entidad, con esta decisión de los grupos parlamentarios, el régimen sancionador —reivindicación histórica de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad— cada vez está más cerca de ser una realidad: “confiamos en que, por la vía de urgencia, se pueda aprobar la ya presentada proposición de Ley de multas para los morosos”, manifiesta Cañete.
Para el presidente de la PMcM, poner fin a la morosidad es un “elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país: el régimen sancionador supondrá un punto de inflexión en la economía del país, será la clave para acabar con esta lacra, que posiblemente sea la que más vaya a generar pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en estos momentos, en los que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra, principalmente por el retraso en los pagos”.
Por otra parte, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se ha referido a los remanentes de los Ayuntamientos. Aunque celebró que los grupos parlamentarios aprobaran el 3 de julio la reivindicación de la entidad de liberar los 12.000 millones remanentes de los ayuntamientos, ha lamentado que en principio “no se vayan a destinar al pago a proveedores”, y ha instado a que parte de estos fondos se dirijan a tal fin “para salvar sobre todo a pymes y autónomos”.
