03/03/2020 EL PAÍS
A partir de esta misma semana, los conductores de camiones y autobuses que manipulen el tacógrafo (el aparato que registra la velocidad y las horas de conducción en vehículos profesionales) se enfrentarán a penas de hasta tres años de cárcel. Esa práctica era considerada hasta ahora una infracción administrativa, castigada con multa para la empresa y el conductor. Pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la vía a convertirlo en infracción penal, al considerarlo una falsedad en documento oficial, y la Fiscalía va a actuar en consecuencia.
Manipular el tacógrafo deja de ser una infracción administrativa (500 euros y pérdida de seis puntos) para convertirse en un delito de falsedad en documento oficial
El fiscal coordinador de Tráfico, Bartolomé Vargas, envió ayer una instrucción a todas las jefaturas de tráfico de la Guardia Civil y a las distintas policías autonómicas para que intensifiquen los controles e investiguen a los conductores (y, en su caso, también a sus empresas) que adulteren el tacógrafo del vehículo, instando, si procede, causas penales contra ellos. La instrucción del fiscal está avalada por una sentencia del Supremo, que el 15 de enero estimó un recurso de la Fiscalía y abrió la puerta a la vía penal.
Hasta ahora, la manipulación del tacógrafo era considerada una infracción administrativa muy grave, castigada con 4.001 euros de multa para la empresa de transporte y con una sanción de 500 euros y retirada de seis puntos del carné para el conductor. Pero el Supremo ha concluido que esa práctica puede incurrir en un delito de falsedad en documento oficial (artículo 392 del Código Penal), que implica penas de hasta tres años de cárcel y puede superar los cuatro años si se trata de un delito continuado.
La apertura de una investigación penal en estos casos puede tener otras derivadas: ya no solo para el conductor infractor, también para los responsables de la empresa cuando el chófer es asalariado. En la lupa de la fiscalía están igualmente los conductores autónomos, sector en el que más casos de manipulaciones del tacógrafo se detectan, según fuentes del ministerio público. El fiscal Bartolomé Vargas, que compareció ayer en rueda de prensa para anunciar esta nueva instrucción, tiene previsto reunirse con representantes del gremio y de los sindicatos para explicársela. “Se trata de conductas aisladas, que deben ser erradicadas del sector del transporte, que en nuestro país funciona de forma eficaz y con calidad”, afirmó.
Los agentes podrán elevar sus pesquisas a los empresarios y determinar si han sido éstos los que han coadyuvado a la manipulación
”Estas conductas ponen en riesgo la seguridad de todos los que circulamos por las carreteras, puesto que la manipulación de tacógrafos desconecta los sistemas de seguridad de los camiones, como el ABS o el control de velocidad”, abundó Andreu González, jefe de la División de Tráfico de los Mossos, que compareció junto a Vargas y recordó que, en los últimos diez años, la policía autonómica catalana ha realizado unas 300 intervenciones en esta materia. José Antonio González Fernández, de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, explicó la mecánica de la manipulación del tacógrafo: “El objetivo es simular un registro ficticio de descanso cuando se va conduciendo, y eso supone un grave peligro para la seguridad vial”, dijo.
Empresarios
La manipulación más común a la que recurren algunos camioneros es colocar un imán en el sensor que transmite la información del motor al tacógrafo, bloqueándolo. Otros modifican los datos pirateando el tacógrafo y corrigiendo las infracciones. Fuentes de la Guardia Civil indican que con un adecuado análisis, y más ahora que cabe utilizar los resortes de la vía penal, es fácil detectar si un tacógrafo ha sido manipulado.
Tras la instrucción del fiscal coordinador, los agentes podrán elevar sus pesquisas a los empresarios y determinar si estos han colaborado en la manipulación para evitar multas por exceso de velocidad o para que los conductores excedan el horario y logren llegar al destino en los plazos fijados con los proveedores. Esto, además, podría constituir un delito contra los derechos de los trabajadores. Fuentes de la Guardia Civil señalan, no obstante, que estas conductas son excepcionales.