22/11/2019 TRANSCAMIÓN
Apelan, entre otros motivos, al potencial aumento de CO2 que esto supondría pese a países como Hungría y Polonia bloquea la adopción de nuevo objetivos climáticos para 2050.
Más de dos años después de su presentación por la Comisión Europea, el paquete de movilidad, y más concretamente su componente social, sigue dividiendo el continente entre los partidarios de una «Europa social» y los defensores de la «competitividad» del transporte de mercancías por carretera. Aunque las propuestas han sobrevivido al cambio en la legislatura del Parlamento Europeo y, por lo tanto, es probable que se adopten en un futuro próximo, sus oponentes más decididos, todos ellos situados en Europa del Este, no están dispuestos a renunciar a sus peticiones y siguen queriendo frenar o incluso bloquear la reforma del sector, según informa transportinfo.fr.
Sin ir más lejos, los Primeros Ministros de Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, Lituania, Polonia y Rumanía enviaron una carta el 24 de octubre a los jefes de las instituciones europeas en la que les pedían que «reevaluaran cuidadosamente las propuestas del paquete de movilidad y llevaran a cabo evaluaciones de impacto de todas las principales enmiendas legislativas antes de avanzar en las negociaciones y afectar al mercado único». Los seis Jefes de Gobierno consideran que algunas de las enmiendas adoptadas durante la anterior legislatura del Parlamento Europeo, «introducidas bajo una gran presión de tiempo y sin el apoyo de evaluaciones de impacto exhaustivas y adecuadas, han modificado profundamente el contenido de la propuesta original y son contrarias a sus objetivos. «Los principales objetivos de sus críticas son, por una parte, «la obligación de que los camiones regresen regularmente al país de establecimiento» y, por otra, «las restricciones a las operaciones de cabotaje».
El trabajo del eurodiputado socialdemócrata alemán Ismail Ertug, reelegido en mayo, ha llevado a la votación sobre la obligación de devolver los camiones al menos una vez cada cuatro semanas con un período de espera de 60 horas sin cabotaje para evitar el «cabotaje sistemático». Esta medida haría que las operaciones de cabotaje también se limitarían a tres días. En opinión de los primeros ministros, esto aumentaría el número de viajes de vacío y «podría generar cientos de miles de toneladas adicionales de emisiones de CO2 al año».
Se trata de una preocupación sorprendente, dado que Hungría y Polonia son ahora, junto con la República Checa, los únicos Estados miembros de la UE que siguen bloqueando la adopción de un objetivo de neutralidad climática para 2050. Los signatarios de la carta también consideran que la ampliación del régimen de comisiones de servicio al cabotaje y al transporte transfronterizo (excluidas las operaciones de tránsito y las bilaterales) es «contraria a las libertades fundamentales de la UE y tendrá un impacto negativo en el mercado único».
En esta coalición de seis países opuestos al paquete de movilidad, Bulgaria parece haber asumido el papel principal. Además de iniciar la correspondencia con las instituciones comunitarias, ya ha anunciado su plan B en caso de que la UE haga caso omiso de sus objeciones: un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia por violación de los principios de libre circulación de mercancías y capitales, en particular debido a la obligación de devolver los camiones. La firme posición del Gobierno búlgaro también cuenta con el apoyo de empresas del sector, que participan activamente en manifestaciones en Sofía, Bruselas y Estrasburgo para presionar a los representantes electos. La profesión recuerda que pesa el 15 % del PIB y 200 000 puestos de trabajo, cifras que probablemente son exageradas, pero que explican por qué Bulgaria teme tanto el paquete de movilidad.
