30/09/2019 REVISTA TODOTRANSPORTE

Los transportistas españoles que optan por la internacionalización se enfrentan a una evidente ausencia de seguridad jurídica y deben moverse en un complejo escenario donde no están en absoluto definidas las bases tanto regulatorias como jurídicas de este proceso que debieran aclarar qué prácticas empresariales son legales y cuáles no, estableciendo así un marco de referencia lo más definido posible.

Así se desprende del completo informe presentado en su primera parte por esta organización con el respaldo del despacho de abogados Clayton & Segura (Bruselas) y titulado “De lo legal a lo legítimo en el crecimiento internacional de las empresas de transporte: expansión empresarial, deslocalización, empresas buzón, dumping social”.

Con este trabajo, la asociación que preside Marcos Basante defiende su interés por clarificar el complejo debate de la internacionalización de las empresas españolas de transporte de mercancías por carretera, “comenzando con el análisis de los diferentes términos utilizados, para determinar qué prácticas empresariales son legales y cuáles no y establecer así un elemento de referencia para los empresarios españoles del sector”, explican.

“Conviene eliminar todo lo posible la inseguridad jurídica y errores conceptuales que rodean al crecimiento internacional de las empresas del transporte por carretera. Con este documento, sólo tratamos de poner la discusión sobre la mesa. No sobre si se puede o no construir una empresa multinacional en nuestro sector, sino sobre lo que la normativa y las sentencias puedan estar perfilando como límites de actuación”, concreta Ramón Valdivia, director general de Astic.

Legítimo y/o legal
“Posteriormente tendremos que plantearnos en el seno del propio sector qué es legítimo y qué consideramos que no lo es, incluso siendo legal, para poder promover los cambios normativos oportunos que permitan conjugar la normativa legal con la legitimidad”, añade.

El informe busca aportar luz sobre el fenómeno del crecimiento de las flotas de camiones matriculados en los nuevos países miembros de la UE, que es una realidad, pero donde no conviene mezclar conceptos y generalizar apelativos, según señalan desde dicha patronal, para que sea factible diferenciar las prácticas que pueden llegar a ser consideradas como fraude de ley cuando únicamente se persigue obtener la ventaja de bajos costes sociales y laborales, de las que verdaderamente internacionalizan su actividad empresarial, estableciendo nuevas empresas, filiales de su matriz, más allá de nuestras fronteras, con empleados y desarrollo de actividad económica local, contratación de proveedores y el soporte material y social que conlleva.

El sector español del transporte internacional por carretera es el segundo en importancia en Europa en t/km, solo por detrás de Polonia, mejorando su posición año a año y muy por delante de otros países con mucha mayor población y PIB, por lo que “resulta vital para nuestro país abordar el concepto de la internacionalización empresarial con seriedad y desde todos los puntos de vista”, defienden en Astic.

Entre todos los datos que analiza el informe se aportan como puntos de partida el que España envía un 70% de sus productos de exportación a Europa a través de la carretera; el que quedan sin cubrir, en el continente, cada año, miles de puestos de trabajo de conductor (lo que ha llevado a la contratación de trabajadores extranjeros que son ya más del 12% del total) o que en torno al 10% de los movimientos de mercancías dentro de Europa se realizan entre Alemania y Países Bajos.