El RDL de la estiba supera su último escollo tras ser convalidado en la Diputación Permanente

04/04/2019 DIARIO DEL PUERTO

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó ayer el nuevo Real Decreto Ley 9/2019, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 29 de marzo. La convalidación salió adelante gracias a los votos de PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu, Compromís, PDeCAT y UPN, mientras que Cs se abstuvo y PP votó en contra. Se registraron 33 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones.

El Real Decreto fue defendido por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien destacó que el RDL fija el marco normativo a nivel del ley y culmina la reforma del sector de la estiba.

Para Ábalos, “queremos un mercado abierto, con libertad de contratación y con profesionales bien formados, que son las vías para incrementar la competitividad. El RDL garantiza la estabilidad del empleo en la estiba, incrementa la flexibilidad en la organización de las empresas y se dota de seguridad jurídica al sector”. Según explicó Ábalos, ésta es la vía para conseguir “puertos modernos, eficaces y con capacidad para competir internacionalmente”. El ministro destacó que la reforma “lleva demasiados años abierta y que es momento de cerrarla, contando además con el respaldo de empresas y trabajadores”. José Luis Ábalos concluyó su intervención asegurando que la estabilidad en el sector de la estiba “afianza la competitividad de la economía española.

Tal y como publicó este Diario en su edición del pasado martes, el RDL incluye cuatro novedades fundamentales relativas a la subrogación, el contrato de aprendizaje y formación, la regulación de los CPE y la negociación colectiva).

Con este real decreto se refuerzan normativamente con rango de ley cuestiones que potencialmente quedaban debilitadas ante un desarrollo meramente reglamentario. El mejor ejemplo es el de la subrogación, lo que dado su cuestionamiento por la CNMC refuerza la posición jurídica de cara a su defensa.

Asimismo, el nuevo real decreto ley, apuesta por eliminar las incertidumbres en torno a una supuesta “prioridad” de los CPE frente a las ETTs al uso a la hora de operar en los puertos. En tercer lugar, se vuelve a dotar de un nuevo horizonte de seguridad jurídica a los convenios y, por último, hay que tener en cuenta que todo es fruto del consenso sectorial.

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