27/03/2019 EL ECONOMISTA

El Gobierno ha conseguido que la nueva normativa para el sector de la estiba, que lleva meses diseñando, reciba el visto bueno de la Unión Europea, lo que allana el camino para poder aprobarla incluso antes de las elecciones generales del 28 de abril. «Hasta hace una semana ha habido algunas limitaciones por parte de la Unión Europea y ya no», explica un alto cargo del Ministerio de Fomento. «Creemos por los informes que tenemos que (Bruselas) no debería tener ningún problema», subraya, toda vez que se han incluido en el texto del Real Decreto-Ley «algunas recomendaciones» de la Comisión Europea.

Desde Fomento confían en que la nueva regulación, cuya redacción está ultimándose, sea aprobada como tarde en el Consejo de Ministros del 19 de abril, para poder ser convalidado por la Comisión Permanente del Congreso antes del 20 de mayo. Con la nueva norma, que condena a la diseñada en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo socialista considera que «se garantiza que no se precarice el empleo», al tiempo que ofrece «seguridad jurídica a las empresas».

Más allá del visto bueno que, según el Gobierno, tiene por parte de Europa a su nuevo texto, no han trascendido reacciones oficiales de los actores implicados. Empresas y estibadores guardan silencio por el momento. Tanto la patronal de terminales y navieras Anesco como el sindicato mayoritario, Coordinadora, rehusaron pronunciarse sobre el contenido. Lo harán cuando se apruebe la norma.

Sobre el mismo, fuentes portuarias destacan a el Economista que se trata de una normativa que introduce novedades interesantes para ambas partes. A los estibadores se les garantiza que las empresas que decidan salirse en el futuro de las sociedades de estiba se subrogarán a los trabajadores que les correspondan en función de su peso.

Menos horas de formación
Además, según las mismas fuentes, el colectivo logra que los integrantes de los Centros Portuarios de Empleo tengan que contar con una licencia de empresa estibadora. Su temor era que la liberalización fuera más abrupta y que bastara con la constitución de una ETT a la que pudiera incorporarse cualquier firma. Por lo que respecta a las empresas, el decreto de Sánchez reduce de 600 a 400 las horas de formación práctica de los estibadores respecto al de Rajoy, una reducción que cuenta con defensores entre las terminales afectadas, quienes consideran una traba a la productividad que las prácticas se realicen en los muelles por su impacto negativo.

En todo caso, pese al consenso que haya podido lograr el Gobierno entre las partes y la Comisión Europea, cabe subrayar que la norma decaerá salvo que lo refrende la Comisión Permanente, cuyo equilibrio es todo un encaje de bolillos.